UDP participa en el III Congreso Dependencia y Calidad de Vida

Durante estas jornadas hemos atendido las voces de cualificados entendidos en modelos de atención a la dependencia, farmacia, productos sanitarios, discapacidad, responsables políticos, administradores de los servicios, empresarios del sector, expertos en financiación, en nutrición, en nuevas tecnologías. en fin, creo que se ha abordado el tema desde todos los ángulos posibles.

No voy a repetir aquí datos y cifras ya presentados. Si la financiación es suficiente, si el sistema está correctamente coordinado, si los servicios son los adecuados o si hay escasez de profesionales o falta de preparación en los trabajadores disponibles. Son cuestiones que ya han sido, o serán, tratadas en este Congreso.

Por tanto pretendo centrar mi intervención en los aspectos que creo que pueden ser más interesantes para que una Organización como UDP aborde. En primer lugar hablaré como individuo, sujeto de derecho a recibir una atención por parte de las administraciones.

Considero que  estamos creando un sistema en el que el usuario final, la persona dependiente con derecho a ser atendida, o los familiares que tramitan las solicitudes, tienen mucho que decir, pero no encuentran los cauces adecuados para hacerlo.

En nuestro trato diario con otros mayores, muchos de ellos usuarios o familiares de usuarios del sistema, recibimos mucha información de cómo se está desarrollando la implantación del mismo, y hemos de decir que según las impresiones recibidas existe un descontento general, cuando no ciertas dosis de cabreo mezclado con desilusión, entre los que han acudido a los diferentes centros de atención a solicitar las prestaciones legalmente establecidas.

Se han recogido y se recogen en nuestras Sedes provinciales y locales, numerosas denuncias sobre el incumplimiento de los tiempos y sobre la tardanza en recibir las valoraciones o los planes de atención personalizados. Además, los afectados se quejan igualmente de las formas, principalmente de la falta de información, y de las dificultades en tramitar las reclamaciones ante los diferentes órganos competentes.

Detengámonos en algunas de estas quejas.

Como ustedes saben, el Consejo Territorial acordó el año pasado establecer un plazo máximo de seis meses entre la fecha de entrada de la solicitud y el reconocimiento del derecho a una prestación.

También se acordó que en los casos de las comunidades que tengan establecido un proceso en dos pasos, -en el que primero se reconoce el grado de dependencia y después el derecho de prestación-, aunque el proceso global debe desarrollarse en los seis meses marcados, el reconocimiento del grado de dependencia se debe hacer en un plazo máximo de tres meses.

Pues bien, estos plazos no se cumplen todavía en la gran mayoría de CCAA. En algunas, incluso, existen retrasos de seis siete u ocho meses para recibir el documento de valoración. También se están produciendo retrasos a la hora de elaborar el PIA, Plan Individualizado de Atención, imprescindible para poder acceder a los servicios o prestaciones.

Por ponerles un ejemplo, esta misma semana hemos atendido el caso de una mujer cuya madre tiene reconocido el grado y nivel de dependencia desde hace un año, pero pasaba el tiempo y no recibía ninguna notificación, llamó al teléfono de atención a la dependencia (no diré la localidad para no molestar a nadie) y para su sorpresa le dijeron que el expediente estaba paralizado porque figuraba que la madre había fallecido, cuando la madre vive y cobra una pensión.. 

El sistema adolece todavía de una importante carencia de coordinación territorial. Esto se ve muy claramente cuando una persona debe cambiarse de domicilio a otra comunidad. Si se tiene un familiar atendido, valorado y con su PIA correspondiente, y se tiene que trasladar a vivir a otra Comunidad no le sirve ni la valoración ni el PIA debe volver a comenzar los trámites con los correspondientes trastornos y retrasos en la atención y prestación. En fin como veréis fácil, fácil.

Parece que las CCAA son para el  sistema  compartimentos estancos,. Yo te valoro, yo te doy el servicio o prestación, y te indico qué servicio o prestación te corresponde y dónde. No se ha contemplado que la gente, sobre todo la gente mayor,  pueda cambiar de domicilio,  quiero pensar que ha sido  un olvido. Esto hace muy complicado que a una persona que cambia de Comunidad Autónoma se le garantice la equidad en el acceso a los servicios y prestaciones que contemplaba el espíritu y la letra de la Ley.

Sin duda es en el Consejo Territorial donde se deben dar los pasos para salvar situaciones a toda luces injustas.

Tiendo a creer que la Ley debiera haber previsto un Organismo Autónomo, con competencias y recursos suficientes para atender y dar respuesta a las denuncias y tramitar sus reclamaciones ante los organismos responsables, con independencia del lugar donde residan. Una especie de oficina de atención independiente de las administraciones autónomas, aún no es tarde para abordar este tema.

Si las administraciones incumplen sus obligaciones para con sus ciudadanos, a éstos solo les quedarán los tribunales

Al hilo de los Tribunales sería muy importante salvar la disparidad existente entre las diferentes judicaturas españolas. En unas puede ser obligatorio acudir a los tribunales de lo contencioso-administrativo, y en otras se permite que se tramite por los juzgados de lo social.

Por ello, muchos de los afectados se dirigen, directamente, al Defensor del Pueblo. Pero el Defensor del Pueblo no tiene la potestad ni la capacidad de facilitar la tramitación o solucionar los problemas.

Los colegios de abogados de Oviedo, Alicante y Valencia ya han habilitado Servicios de Orientación Jurídica para la Dependencia ante los graves problemas que, ya sea por retrasos en su aplicación o por errores en las valoraciones, se están causando a los beneficiarios de la Ley. Muchos despachos de abogados están publicitando su especialidad en demandas por incumplimiento de la Ley de Dependencia, es evidente que estos servicios están diseñados para personas que tienen suficientes recursos económicos. ¿Ojala fuesen mayoría?,  pero todos sabemos que esa no es la realidad. Por ello desde las asociaciones vamos a seguir proporcionando toda la información y ayuda,  pero entendemos que la vía judicial no es la mejor solución.

Otro de los aspectos en los que hay que avanzar es en la información. La gente no sabe si para recibir una prestación por cuidados hay que darse de Alta en la Seguridad Social y quién paga las cuotas, o si es compatible la prestación económica con la realización de otros trabajos, por ejemplo.

Hay que avanzar y mucho en todo lo relativo a atención a los solicitantes. Se deben priorizar las tramitaciones telemáticas y evitar en lo posible desplazamientos y esperas en los centros de atención presenciales.

Hay que mejorar la tramitación y acelerar los procesos. En ocasiones llega el PIA (Plan Individualizado de Atención) cuando el grado de dependencia ha variado y hay que valorar nuevamente.

Hay que acelerar el cobro de las prestaciones. Según los últimos datos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en España (datos a 1 de marzo de 2011) hay 1.299.208 personas beneficiarias con derecho a prestación, y sólo hay 991.488 prestaciones consignadas. ¿Esto significa que hay más de 300.000 beneficiarios sin recibir prestación?

Hay que establecer mejores mecanismos de coordinación territorial y una estrecha colaboración con la red de servicios residenciales, públicos y privados, que posibiliten al usuario la elección  de centro con independencia de la CCAA donde resida.

Necesitamos formación y profesionales cualificados, y servicios e instalaciones homologadas y de calidad. Conjugar estas exigencias con un entorno económico desfavorable como el de ahora es un reto fabuloso, pero en un país con índices de envejecimiento como el nuestro, la construcción de un sistema que garantice la atención sociosanitaria de las personas que lo necesiten, debiera ser una prioridad.

Para conseguir una atención de calidad son necesarios recursos. Si el problema es de recursos, que se debata sobre la financiación del sistema. Sobre qué paga la administración Central, qué paga la administración Autonómica, qué pagan los usuarios y si es suficiente o no.

Si no avanzamos en este sentido la Ley puede derivar en un sistema que ofrezca una simple prestación económica a los familiares que ya cuidan de sus dependientes.

Como verán existen muchos aspectos que deben ser mejorados, pero en la construcción del sistema contribuimos todos.

Hasta ahora he intentado basar mi intervención apoyándome en la quejas que recibimos, continuaré haciéndolo desde el punto de vista de las asociaciones de mayores como entidades participantes en la construcción social.

Estamos debatiendo sobre la implantación del Sistema para la Autonomía, y Atención a la Dependencia, subrayo la palabra Autonomía porque hablamos mucho de dependencia y poco de autonomía, y son el reverso de una misma moneda.

La calidad de vida de las personas no sólo se mide por tener más o menos cubiertas las necesidades de manutención y alojamiento. La calidad de vida de las personas depende también de las relaciones sociales que uno sea capaz de establecer y mantener. Un envejecimiento saludable y activo implica participación, convivencia, intercambio, aprendizaje, solidaridad, entrega, trabajo, amistad, cultura, salud, iniciativa, imaginación, ilusión y ganas. Todas esas cosas que las asociaciones de mayores proporcionamos a aquellos que deciden acercarse a conocernos y a participar.

Para promover la autonomía y prevenir la dependencia debemos cambiar el concepto de jubilación, para hacer ver a todos que la vida después de la jubilación puede ser tan productiva, enriquecedora y excitante como antes.

Hay que preparar mejor a la gente para el tiempo de jubilación, y hay que fortalecer a las asociaciones como elemento dinamizador de grupos e impulsor de iniciativas. Somos un fundamental activo para la sociedad, y por ello es esencial mantener y potenciar las asociaciones existentes y tejer nuevas redes asociativas, que reúnan grupos de personas dispuestas a actuar para mejorar su calidad de vida y la calidad de vida de los demás.

Invertir en envejecimiento activo es invertir en salud y en productividad, en generación de actividad y en programas para mejorar la sociedad en que vivimos. Pienso que debemos atender mucho más el aspecto preventivo del sistema, como manera de evitar dependencias.

Fomentar el asociacionismo, fortalecer el tejido asociativo con más gente, más formación y más recursos es la mejor manera de prevenir futuros estados de dependencia en las personas y aquí también tenemos mucho trabajo por delante.

En definitiva, queda mucho por hacer, pero no olvidemos que éste es un sistema en construcción. Siempre cuento en foros como éste que en una reunión con unos colegas alemanes, cuando se aprobó la Ley española, me contaban que el Sistema alemán tardó unos 10 años en funcionar de manera correcta. Diez años ¡y son alemanes! Nosotros no llevamos ni cuatro. De modo que seamos un tanto indulgentes con nosotros mismos.

Indulgentes sí, pero nunca indolentes. Estamos trabajando para las personas, para personas que necesitan ayuda, apoyo, atención y cuidado. Por ello en la construcción del Sistema necesitamos aportar cada uno lo mejor de nosotros mismos, para que en su aplicación, estemos todos a la altura de los altos principios que inspiraron esta Ley y de las expectativas generadas en los ciudadanos.