La actividad económica fuera de la legalidad es uno de los asuntos que más preocupa al Gobierno y más concretamente a la Agencia Tributaria. Actualmente, según un estudio de la Universidad Rey
Juan Carlos, se estima que representa en torno al 17% del PIB español, lo que significa una importante parte de la economía total española. Además, la actual coyuntura financiera está provocando
el incremento de la economía sumergida, un factor que sin duda alguna perjudica nuestra capacidad de competir en los mercados, y que desde la AESP (Asociación Española de Servicios a la Persona)
pretendemos combatir. En este sentido, el Grupo Parlamentario Convergència i Unió se ha posicionado junto a la AESP y ha llevado al Parlamento una Proposición no de Ley por la que insta al
Gobierno a desarrollar un proyecto de Ley de regulación del sector de servicios a la persona.
Para Convergència i Unió, el cambio de modelo social ha transformado las necesidad de las personas y de las familias. La mujer se ha incorporado al mercado laboral, la esperanza de vida es mucho
mayor y las exigencias del mercado laboral son algunos de los condicionantes que ha llevado a la agrupación política a defender una Ley muy necesaria de cara a la creación del empleo y por lo
tanto al crecimiento de la economía. Un claro ejemplo es el de la economía francesa, que después de aprobar en 2005 la Ley Borloo, los servicios a la persona se han convertido en una de las áreas
con mayor crecimiento de la economía, generando cada año 100.000 empleos en Francia. Bélgica y Suecia también han seguido este modelo, y en Italia aún lo están probando.
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