El Gobierno aprueba el reparto del nivel acordado de la Ley de Dependencia para 2011

El Gobierno ha aprobado a propuesta de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, el reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación, en el ejercicio 2011, del nivel acordado previsto en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia. También se ha aprobado el acuerdo por el que se actualizan las variables previstas en el marco de cooperación interadministrativa y los criterios reparto de créditos de la Administración General del Estado durante el período 2010-2013. Para 2011 el crédito de la Administración General del Estado para el reparto del nivel acordado asciende a 283.197.420 euros.
Para este año se mantiene la estructura basada en la existencia de tres fondos económicos, asignando a cada uno un peso porcentual en el reparto de los créditos idéntico al establecido el pasado año. Asimismo, se mantienen los mismos criterios de reparto. 
No obstante se modifica el peso del criterio “Población potencialmente dependiente” mientras que aumenta el peso de la variable “Programas Individuales de Atención”. Esto significa que se refuerza la  financiación de las comunidades que más personas atienden dentro del Sistema, existiendo una proporcionalidad en función de las personas atendidas en el Sistema Nacional de Atención  a  la Dependencia.
Para 2011 el crédito de la Administración General del Estado asciende a 283.197.420 euros, distribuidos en:
Fondo General (80%), en función de las características del territorio y la gestión realizada por cada comunidad autónoma. Para 2011 asciende a 226.557.936 euros.
Fondo de Compensación (10%) que tiene por finalidad corregir las situaciones originadas por un mayor índice de emigrantes retornados, un mayor coste de los servicios así como una menor recaudación en concepto de             copago. Para 2011 asciende a 28.319.742 euros.
Fondo de Cumplimiento de acuerdos (10%) que compensará el mayor coste derivado de la aplicación de los acuerdos alcanzados, tales como la   necesaria formación a los cuidadores no profesionales.  En 2011 asciende a 28.319.742 euros.
Los criterios de reparto tienen en cuenta la población dependiente, la dispersión geográfica, la insularidad, los emigrantes retornados y otros factores. Además se tomarán como factor determinante las personas realmente atendidas y se considera también importante el cumplimiento de los Acuerdos del Consejo Territorial.