XI Jornadas Nacionales dedicadas al estudio del impacto de la Ley de Dependencia en los

Con motivo de la celebración de sus XI Jornadas Nacionales dedicadas al estudio del impacto  de la Ley de Dependencia en los servicios que presta, la Federación de Residencias y  Servicios de Atención a los Mayores del Sector Solidario, Lares trasladó a las

administraciones y a la opinión pública algunas manifestaciones, tras constatar la  insostenible situación en que se encuentran muchos de sus miembros asociados.

1. Las administraciones públicas no están dando al tercer sector el papel previsto en la Ley de Dependencia al no mantener la opción preferente por este sector, a pesar de que los centros solidarios son los más eficientes y socialmente rentables porque, en el caso de  producirse, reinvierten todo su excedente económico en mejorar y aumentar la asistencia a  los usuarios finales.
2. Las nuevas necesidades de gasto e inversión creadas por la Ley de Dependencia en cuanto  a normalización, exigencia de niveles de calidad y prestación de servicios están siendo  cubiertas por el sector solidario sin el respaldo de la mayor parte de las administraciones  públicas autonómicas cuyos precios de concierto de plazas residenciales y otros servicios no cubren el coste real de su prestación.
3. Además de los recortes presupuestarios materializados en la congelación de precios de concierto y en la bajada de los mismos, las administraciones autonómicas están llevando a cabo otros recortes encubiertos tales como la no cobertura de las plazas concertadas que quedan vacantes e infravaloración del grado de dependencia de los usuarios allí donde hay tarifas de concierto diferenciadas según los niveles de dependencia.
4. Los retrasos de las administraciones públicas en el pago de los conciertos y convenios firmados con los centros han adquirido dimensiones insostenibles. Tras la valoración realizada por las 17 asociaciones autonómicas de Lares, que agrupan a más de 900 centros, podemos decir que la deuda de las administraciones públicas con los centros Lares asciende a más de 100 millones de euros. La demora de los pagos, sujeta a gran variabilidad autonómica, va desde los dos hasta los diez meses y sigue aumentando.
5. De continuar la tendencia actual de recortes económicos, un importante número de centros asociados a Lares se verá obligado, en contra de su voluntad, a dejar de prestar los servicios concertados que cubren, así como los ofrecidos fuera de concierto a personas mayores sin medios económicos, viéndose obligados a solicitar de las administraciones que  se hagan cargo de la atención de esos usuarios.
6. La Federación Lares y sus Asociaciones Autonómicas exigen enérgicamente a las administraciones y poderes públicos que asuman su responsabilidad y tomen las medidas oportunas para remediar la dramática situación en que se encuentra el sector de la atención a las personas mayores dependientes en España.