En 2016, el gasto público total en servicios sociales en España (incluyendo la atención a la dependencia) ascendió a 16.700 millones de euros.

La distribución de este esfuerzo es la siguiente:

  • CCAA = 60,8% (10.171,46 M€)
  • EELL = 25,5% (4.259,11 M€)
  • AGE = 13,7% (2.296,22 M€)

Estos datos ponen en evidencia que la aportación de la Administración general del Estado a una política esencial como es la de servicios sociales en España, es significativamente baja.

Además, resulta falso que se vayan a incrementar 442 millones en los PGE 2017, como vienen publicitando el Gobierno y Ciudadanos como resultado de su pacto. En términos reales el incremento será solo de 130 millones, lo que en relación al gasto global de 2016 supone un RIDÍCULO incremento del 0,8%.

El incremento publicitado por el Gobierno y Ciudadanos se distribuye en dos bloques: 342 millones para un plan contra la pobreza infantil, y 100 millones más para la Dependencia. Pues bien, esta es la realidad de las cifras:

Sólo 30 de los 342 millones de euros de la partida contra la pobreza infantil, son un incremento real sobre los presupuestos del año anterior

  • 102 millones provienen del programa FEAD, para ayuda alimentaria a los desfavorecidos y lucha contra la pobreza infantil. Este dinero proviene de la Unión Europea, del Fondo de Ayuda Europea a las Personas Más Desfavorecidas (FEAD). Es decir, de excedentes alimentarios que ya se han repartido en años anteriores en la misma cuantía. Y no solo a la infancia, sino a los colectivos desfavorecidos. Simplemente, en 2017 se aplicarán solo a familias desfavorecidas, con menores a su cargo ¿y el resto…?
  • 140 millones corresponden al Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados, para la atención de familias con menores. Es una partida presupuestaria que durante el año anterior ni siquiera fue gestionada, por la incapacidad o la falta de voluntad de nuestro Gobierno para admitir la entrada de refugiados, ni siquiera en los términos en los que se había comprometido.
  • 100 millones corresponden a un incremento de 30 millones en la partida de “Prestaciones básicas de servicios sociales” que, en 2016, estuvo dotada con 70 millones (por cierto, una partida que fue reducida un 67% en años que en años anteriores). Estos 30 millones constituyen así, el único incremento efectivo en los anunciados 342 millones para combatir la pobreza infantil.

    Teniendo en cuenta que los servicios sociales municipales han atendido, según datos oficiales, a unos 8 millones y medio de personas, el incremento de esta partida supone sólo 3,50 euros más por persona y año en la aportación de la Administración General del Estado para atender a las personas más desfavorecidas.

Incrementar en 100 millones la partida para la atención a la dependencia, no va a suponer un incremento efectivo de las cuantías que recibirán las Comunidades Autónomas para atender a las personas en situación de dependencia

100 Millones de euros más en la partida 231I de la Seguridad Social (transferencias a las comunidades autónomas para atención a la dependencia por el nivel mínimo garantizado) es papel mojado, porque no se asegura que dichos fondos se transfieran al nivel autonómico, ya que están condicionados al número de personas efectivamente atendidas y se basan en unas cuantías que insuficientes que ya fueron recortadas un 15% en el año 2012, mediante R.D. Ley 20/2012 de 13 de julio. La insuficiencia de dichas cuantías provoca que las CCAA obtengan por esa vía una financiación equivalente al 18% del gasto real que realizan. Dicho de otro modo, para recibir un solo millón de esos cien, las comunidades autónomas deben acreditar un gasto efectivo de cinco millones euros.

Por otra parte –como no podía ser de otra forma- se trata de una partida ampliable, que se suplementa automáticamente en la medida en que se incorporen nuevas personas atendidas al Sistema. De hecho, en 2016 esta partida se tuvo que suplementar a final de ejercicio con 37 millones de euros más. Así pues, la cifra inicial de esta partida es irrelevante, ya que las Comunidades Autónomas no van a recibir más ni menos dinero porque esté más o menos dotada. El auténtico incremento de la financiación del Sistema por parte de la Administración General del Estado vendría de recuperar y/o ampliar las cuantías de financiación por cada persona atendida en el nivel mínimo (que es la auténtica garantía del derecho subjetivo).

Atender a todas las personas dependientes con derecho, significaría un incremento de gasto público de unos 3.000 millones más al año, la mistad de los cuales debería aportar la Administración General del Estado si el modelo de financiación del SAAD fuera justo.

En consecuencia, el proyecto de presupuestos generales del estado para 2017 abandona de nuevo a 341.301 dependientes en lista de espera, y -con un cálculo optimista- 90 de ellos seguirán falleciendo cada día sin recibir los servicios a los que tienen derecho. Eso sí, ese número de fallecidos contribuirá trágicamente a bajar la “lista de espera”. Esperemos que el Gobierno no alardee por ello como ya hizo en el pasado de forma indignante.

Por todo ello consideramos que los PGE denotan un Estado sin una política de servicios sociales sólida y coherente, que atiende a cuestiones puntuales con parches y sin integralidad. La presión de los servicios sociales se encuentra en los niveles locales y autonómicos y es deber del Estado su correcta financiación.

España se comprometió a reducir -por ejemplo- la tasa de pobreza (Europa 2020) en 1,4 millones de personas. En lo que llevamos de programa, no solo no nos hemos acercado al objetivo sino que nos hemos alejado de él incrementado el número de pobres de en 1,3 millones más. ¡Ahora el objetivo 2020 se sitúa en 2,7 millones de pobres menos!!!

No se trata de planes puntuales, de ocurrencias o de parches, se trata de tener una política pública de servicios sociales más eficiente que requiere de una inversión inteligente y no de parches y mucho menos del abandono.