El maltrato a las personas se reconoce como un problema de Salud Pública desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo declaró así en 1996. Una realidad que, desgraciadamente, se hace cada vez más evidente y requiere de una atención específica por parte de todos los agentes y autoridades sanitarias.

De hecho, la OMS recalca que cada año alrededor de 1,4 millones de personas pierden la vida a causa de la violencia —3.800 muertes al día—, el impacto sanitario de la violencia no se limita a las lesiones físicas, sino que los trastornos mentales, los intentos de suicidio y los síndromes de dolor crónico son algunos de los efectos a largo plazo; y que la violencia es prevenible y es posible reducir su impacto.

“Como responsables de esta situación, los datos publicados nos indican que debemos resaltar, por una parte, la no suficiente formación y motivación de los agentes (sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad, judicatura, fiscalía, etc.) que participan en la detección y en la prevención de estos hechos, y por otra parte, la falta de coordinación entre los agentes mencionados”, ha explicado el Dr. Carlos Gómez Canga-Argüelles, presidente de la Academia de Farmacia de Castilla y León, durante la jornada ‘El maltrato a las personas: Un problema de Salud Pública’, celebrada en Valladolid, con la colaboración de GSK.

El objetivo de este tipo de encuentros científicos es velar por la prevención a partir de la visualización de estos conflictos sociales, la creación de las herramientas adecuadas de carácter preventivo, la detección y la consiguiente intervención.

“Con este tipo de reuniones,  las Academias de Medicina y de Farmacia de Castilla y León perseguimos sensibilizar, difundir y formar a los profesionales de la Comunidad Autónoma de CYL respecto a las diferentes formas de maltrato a las personas, al tiempo que promovemos la interconexión de los sanitarios con los profesionales de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todo ello para avanzar entre todos en el rápido reconocimiento y actuación frente a esta lacra social”, ha advertido el especialista.

María Boado Olabarrieta, fiscal delegada de violencia de género de Castilla y León, ha moderado la jornada en la que han participado Clara del Rey, inspectora de Contactos Ciudadanos de Valladolid de la Policía Nacional, quien ha hablado del maltrato infanto-juvenil, ciberacoso y la violencia contra mayores; el Dr. José M. Eiros, del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, que ha generado debate con su ponencia ¿No vacunar también es maltratar?; y Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF); y Raquel Martínez, presidenta del Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León (Concyl); quienes han presentado la campaña ‘Primeros signos del maltrato: Papel del farmacéutico en la detección precoz de la violencia de género’.

En relación con la intervención del Dr. Eiros, el presidente de la Academia de Farmacia de CYL ha subrayado que la definición de maltrato infantil implica una valoración social en relación a lo que es peligroso o inadecuado para el niño. “Aquí reside, precisamente, la gran dificultad para definirlo, ya que hay una falta de consenso social respecto a lo que constituyen formas de crianza peligrosas e inaceptables. Resulta difícil establecer la raya de separación entre lo que es un maltrato y lo que no lo es”, ha remarcado.

En este sentido, cabe resaltar que el maltrato a las personas mayores se ha convertido en una realidad a nivel mundial. La dependencia, que afecta especialmente a la persona mayor, es un rasgo distintivo, tanto en el sentido físico o mental como también en el sentido social. Para el Dr. Gómez Canga-Argüelles, “esto implica una mayor vulnerabilidad e indefensión que puede provocar que la persona sea víctima de malos tratos con más facilidad”.

Tanto cuando se trata de menores como de personas mayores, “la violencia física está suplida por otro tipo de violencia más sutil, que obliga a revisar la actuación de todas las instituciones y administraciones para encontrar una forma coordinada de trabajar que permita hacer frente con la máxima eficacia a esta problemática”, ha concluido el facultativo.

 

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

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