Falta de personal de educación especial. Paralización de infraestructuras sanitarias. Tramitación media de dos años para evaluar el grado de dependencia (cuatro veces más que el plazo legal). Falta de plazas residenciales públicas y concertadas para dependientes o escasa agilidad en la tramitación de ayudas al alquiler, que a veces termina en desahucio. Son solo algunos ejemplos en Andalucía de derechos ciudadanos ensombrecidos por falta de presupuesto o fallos en la gestión, según ha denunciado hoy el Defensor del Pueblo, Jesús Maeztu, que tras presentar su informe anual al Parlamento Andaluz ha elevado el tono para exigir a los responsables públicos que blinden el estado del bienestar porque la insuficiencia presupuestaria “tiene que dejar de ser excusa”… Leer más