La nueva norma ha sido bautizada como “Justina”, en homenaje a la niña, Justina Lo Cane, que falleció en 2017 a los 12 años a la espera de recibir un trasplante de corazón. La ley fue aprobada con 202 votos a favor y sin abstenciones. La iniciativa también fue refrendada por el Senado unánimemente a finales de mayo.
El proyecto modifica la actual ley, introduciendo una serie de cambios con los que se busca dar respuesta a las personas que actualmente se encuentran en lista de espera para un trasplante de órganos o tejidos. Con ella se regula la obtención y uso de órganos, tejidos y células de origen humano en el país y hará que los centros sanitarios cuenten con servicios destinados a la donación que permitan detectar, evaluar y tratar al donante.
Además de incorporar principios bioéticos que protegen a los donantes y los receptores, la iniciativa promueve la autosuficiencia del sistema. Prevé la donación cruzada (entre dos parejas de donante/receptor no relacionadas, pero compatibles) para los trasplantes de riñón sin intervención judicial y obliga a los profesionales a notificar al INCUCAI la indicación de diálisis o trasplante renal.
El texto contempla, asimismo, la incorporación en los centros de salud de profesionales entrenados en la promoción de la donación y la detección de potenciales donantes. Además, elimina la necesidad de un consentimiento familiar en caso de que un fallecido no expresara su voluntad de donar o no órganos.
Según el propio Congreso de Argentina, la iniciativa beneficiaría a 3,5 millones de personas, equivalente a 850 mil familias.En Argentina hay alrededor de 10.500 personas que esperan recibir un trasplante y en el país sólo son donantes 13 de cada millón de habitantes.