La Ley de Dependencia debería ser ejemplo de Estado del Bienestar

A falta de cuatro años para su definitiva implantación, la actual coyuntura económica está complicando la situación de las personas que esperan ser evaluadas. De hecho, el principal reto de la Ley de Dependencia se localiza en el número de personas dictaminadas como sujetos de derecho de la Ley y que no perciben prestación alguna. De la mano de uno de los responsables de Alares hemos analizado los avances que se han producido desde su aprobación y que no sólo ha generado diferencias de tratamientos entre Comunidades Autónomas, sino que también está alimentando a la economía sumergida.

Para Antonio Sanabria, Director del Área de Estudios de Fundación Alares, “casi un cuarto de millón de personas se encuentra en el denominado limbo de la dependencia, una situación insostenible para la mayoría de las familias que ven cómo sus parientes siguen estando al margen de la Ley, privándoles de todo tipo de prestaciones sociales”. El estudio también  señala el crecimiento de un alto porcentaje de prestaciones económicas que estaría provocando consideraciones sobre los servicios necesarios para atender a las personas dependientes. Este elevado por centaje de prestaciones económicas podría dar pie al mantenimiento de empleo de la economía sumergida.

¿En qué momento se encuentra la ley y cuáles son los problemas que presentan una más difícil solución?
Actualmente, la Ley se encuentra casi en el ecuador de su desarrollo. El principal problema, sobre todo por  tratarse de personas afectadas, lo constituye el elevado porcentaje de dictaminados como dependientes y, por ello, con derecho a ser atendidos pero que están todavía a la espera. Ello supone una grave vulneración de la Ley. El tiempo de espera puede llegar hasta los 2 o 3 años, un drama donde en ocasiones la persona afectada fallece mientras espera la prestación que le corresponde por derecho.
Existen otros retos a superar: necesidad de mayor interdisciplinariedad y homogeneidad en los equipos valorativos, auditorías en el correcto uso de las prestaciones concedidas o la mejora de la coordinación entre las Comunidades Autónomas. Es previsible que algunos de ellos se vayan corrigiendo conforme avance la Ley. En todo caso, hay que afrontar una subfinanciación evidente que reflejaría no tanto un problema de sostenibilidad de la Ley sino, sobre todo, la necesidad de mayor voluntad política, desde la Administración central a Comunidades Autónomas y corporaciones locales. Ha de tenerse en cuenta que, además de una prioridad, se trata de una inversión con altas tasas de retorno y elevado potencial de creación de empleo. La verdadera insostenibilidad no es financiera, sino que haya que desarrollarse una red suficiente de servicios que permita atender un fenómeno creciente tanto en España como en el resto de países desarrollados.

¿A qué se debe que un cuarto de millón de personas se encuentra en el limbo de la dependencia?
Las causas son diversas, pero el problema de fondo consiste en la escasa dotación de servicios sociales en nuestro país y una financiación insuficiente para remontar adecuadamente dichas carencias estructurales.
El importante avance que supone este nuevo derecho de ciudadanía no es compatible con el mantenimiento de una de las tasas de gasto social con respecto al PIB más bajas de la UE. La atención a la dependencia ha de ser considerada como una prioridad y requiere de un mayor compromiso de todas las Administraciones Públicas, donde la actual crisis no debiera servir de excusa. Los recientes recortes para la dependencia anunciados para los Presupuestos de 2011 suponen un elemento de preocupación.    

¿Qué perjuicios supone para las residencias el incremento de la actividad de los familiares-cuidadores?
Un matiz al respecto. En efecto, casi la mitad de las prestaciones se encauza actualmente hacia prestaciones económicas para cuidadores familiares. Pero la Ley no está suponiendo un incremento de los cuidadores no profesionales. En España, el grueso de los cuidados se ha localizado tradicionalmente dentro de los hogares, recayendo fundamentalmente sobre las mujeres del núcleo familiar. Mientras no se invierta lo suficiente en desarrollar una red de servicios sociales, se corre el riesgo de perpetuar esa situación que pretendíamos superar con esta Ley.
Los perjuicios para las residencias de personas mayores son evidentes, pudiéndose dar la triste paradoja de compaginar plazas residenciales vacantes en paralelo a un creciente porcentaje de personas que requerirían dicho servicio. El recurso a la atención residencial pasa, en primer lugar, por la voluntad expresada por las personas beneficiarias y su entorno. Pero hay que garantizar que al tomar esa legítima decisión se haya tenido la posibilidad de optar por una plaza residencial.
Hoy en día, la preferencia mayoritaria es permanecer en casa con la familia. Esto es legítimo y respetable, pero cabe esperar que conforme se desarrollen servicios como la atención accesible para estas personas, dicha preferencia tienda a cambiar paulatinamente.

¿Qué oportunidades de desarrollo existen para los Servicios a las Personas en este ámbito?
El desarrollo de estos Servicios se propicia mejor a través de otras prestaciones económicas: para contratación de servicios o para asistencia personal, ambas hasta ahora poco utilizadas y que debieran ser incentivadas frente a las destinadas a cuidados familiares, siempre respetando la decisión del beneficiario. Ello permitiría compatibilizar el libre deseo de quienes opten por ser atendidos sin abandonar su residencia o la de su familiar con el desarrollo de esta red de servicios a las personas.

La situación requiere, por lo tanto, no sólo el desarrollo de los servicios estrictamente vinculados a la dependencia sino de otros complementarios. ¿Qué propone Alares?
La propuesta de la Fundación Alares parte de considerar la atención a la dependencia como un elemento dentro del conjunto de servicios de atención a los ciudadanos que permitan mejorar sus condiciones de vida en el trabajo, domicilio o lugares de ocio. Se pueden distinguir 3 tipos: para la familia, para calidad de vida y salud, y de asistencia en el hogar. Su adecuada regularización, mediante la creación de una Agencia Nacional de Servicios, por ejemplo, permitiría la creación de una red capilar de empresas debidamente homologadas  y condiciones de empleo dignas que ofrecieran sus servicios a un coste accesible para el usuario, evitando así el recurso a la economía sumergida. Ello posibilitaría el desarrollo de un sector que no sólo permite atender las necesidades derivadas de todos estos cambios sociales y demográficos, propiciando un mayor bienestar, sino que constituye una fuente de creación de empleo de calidad y no deslocalizable. Algo especialmente necesario en la actual coyuntura en la que nos encontramos.