La Consejería de Servicios y Derechos Sociales avanza en la tramitación del anteproyecto de ley que permitirá crear un sistema asturiano de garantía de derechos y prestaciones vitales que ordenará e integrará las ayudas destinadas a cubrir las necesidades básicas de las personas en situación de vulnerabilidad. La norma persigue ofrecer una respuesta más ágil y coordinada por parte de las administraciones.

 

El texto se ha presentado hoy al Consejo Asesor de Bienestar Social, tras superar el trámite de consulta previa y el período de información pública, durante el que se recibieron alegaciones del sindicato Comisiones Obreras y del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Asturias (Cotsa), algunas de las cuales fueron incorporadas al documento.

 

La nueva norma, que constituye uno de los compromisos de legislatura del Gobierno de Asturias, busca consolidar y mejorar el salario social básico, para lo que incluye medidas dirigidas a agilizar la prestación, exenciones para los ingresos provenientes del trabajo y de determinadas pensiones, y la actualización de los programas personalizados de incorporación social y laboral ligados a la renta mínima.

 

Recoge, además, complementos vitales con el propósito de atender de manera diferenciada las nuevas necesidades y plantea apoyos adicionales para familias con menores y jóvenes, miembros con discapacidad y dependencia o para el alquiler de vivienda, así como un complemento específico a las pensiones no contributivas para personas que vivan solas.

 

Según los datos del mes de agosto, 22.592 familias se benefician de la renta mínima y Asturias se mantiene como la comunidad autónoma del régimen general con mayor cobertura. De ellas, el 33% tiene menores a cargo; el 18% cuenta con personas con discapacidad o dependencia y otro 8% dispone de una ayuda al alquiler. Asimismo, cobran el salario social 1.700 pensionistas no contributivos que viven solos. Todos ellos pasarían a percibir los nuevos complementos vitales, lo que implicará menos cargas administrativas y mayor agilidad en el acceso a la prestación para los nuevos beneficiarios.

 

Necesidades de los menores

 

Por otra parte, la futura ley pretende asegurar la cobertura de las necesidades básicas de los menores en acogimiento familiar y recoge las garantías jurídicas oportunas para abonar las compensaciones económicas de manera directa.

 

En el ámbito de la vivienda, la norma aspira a garantizar el derecho a un hogar digno y adecuado, extendiendo a toda la población la posibilidad de acceder a un piso de titularidad pública o a las ayudas existentes, que pasarían a concederse de forma directa. En 2017, 6.650 familias recibieron apoyos al alquiler en régimen de concurrencia competitiva.

 

Además, el texto reordena y garantiza unos mínimos comunes en todo el territorio respecto a las ayudas de emergencia social, que conceden las entidades locales, y pone especial énfasis en la atención a la población infantil, así como en los apoyos para el acceso y mantenimiento en la vivienda y contra la pobreza energética.

 

Finalmente, desde el punto de vista de la gestión, pretende aumentar la eficiencia y la agilidad en la concesión de las prestaciones, mediante la homogeneización de conceptos, el establecimiento de criterios comunes para la determinación de la capacidad económica y la modernización de procedimientos. En este sentido, prevé el uso de herramientas útiles como la declaración responsable, la tramitación simplificada, el régimen de concesión directa para las subvenciones o la administración electrónica, entre otras.

La reunión del Consejo Asesor de Bienestar Social celebrada hoy ha estado presidida por la consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, y ha contado con la participación de las directoras generales de Servicios Sociales de Proximidad, Lina Menéndez, y de Gestión de Prestaciones y Recursos, Paula Álvarez.