Es evidente la falta de certeza sobre si habrá o no PGE para 2019. A estas alturas del borroso y bronco debate político (alejado demasiadas veces del interés directo de las personas), de lo si tenemos certeza es que, sin un impulso decidido al sistema de atención a la Dependencia, en 2019 unas 30.000 personas con derecho reconocido a atención fallecerán sin haberlo ejercido.

También es cierto que, en materia de Dependencia, existen varios acuerdos parlamentarios previos a la moción de censura, además de un unánime consenso en las comunidades autónomas sobre la necesidad de un incremento presupuestario que suponga revertir los recortes producidos en esta materia.

Nos referimos concretamente al Pacto de Estado sobre Dependencia suscrito por TODOS los grupos parlamentarios a excepción del PP y PNV en diciembre de 2016, con motivo del décimo aniversario de la Ley. También a la PNL que presentó el PSOE en el Congreso –antes de la moción de censura- con idéntico contenido al Pacto de Estado y que también fue objeto de consenso de todo el arco parlamentario, de nuevo con la sola excepción del PP. Además, la imperiosa necesidad de incrementar la financiación estatal quedó plasmada en el Informe de la Comisión de Estudio auspiciada por Conferencia de Presidentes que fue aprobado unánimemente por el Consejo Territorial de Servicios Sociales en el que están representadas todas las CCAA.

El acuerdo entre Gobierno y Podemos respecto a los presupuestos 2019 perfila un incremento neto de 515 millones a la cuantía presupuestada en 2018 para alcanzar un total de 1.822 millones de euros de aportación de la Administración General del Estado a la atención a la Dependencia (una estimación del 28% del gasto público total anual).

Aplaudimos fervientemente la iniciativa, aun cuando no alcance nuestra propuesta de incremento de 715 millones que permitiría terminar con la lista de espera de dependientes severos y grandes dependientes aún sin atender (110.000 personas según los últimos datos).

No obstante, considerando el actual estado del sistema de atención a la Dependencia, creemos importante plantear tres cuestiones:

1.    Si finalmente hubiese PGE 2019 en los términos inicialmente propuestos por PSOE y PODEMOS, el incremento de 515 millones de euros debería aplicarse íntegramente al Nivel Mínimo Garantizado y no, como se ha planteado, al ya caduco Nivel Acordado de financiación. La Ley establecía dos formas de financiación por parte de la Administración Central: un Nivel Mínimo Garantizado (cuantía mensual por dependiente atendido) que constituye la auténtica garantía de atención y de equidad en todo el territorio, y un Nivel Acordado que se traduce en convenios de financiación a las comunidades autónomas, que se planteó como fórmula transitoria para impulsar el sistema en sus inicios atendiendo a las necesidades territoriales concretas. La Ley lo prolongaba hasta 2015 si bien el gobierno del PP lo suspendió en 2012.

2.    La forma de distribuir un incremento presupuestario tan importante no es baladí y tiene gran trascendencia para las personas dependientes (especialmente las desatendidas). Nuestra

Asociación ha remitido una carta a los Grupos Parlamentarios y Partidos Políticos (que se remitirá también a los/las Consejeros/as de la materia en todas las Comunidad Autónomas), expresando una valoración muy positiva del incremento pactado entre PSOE y PODEMOS para la financiación del Sistema, pero expresando también nuestra preocupación y discrepancia con que este incremento se establezca, en sus dos terceras partes (383 millones), en el Nivel Acordado, porque de esa forma no se garantiza que la inversión repercuta directamente en las personas dependientes.

Gráfico. En el escenario (A) se presentan las cuantías desglosadas por niveles antes de su supresión. Escenarios B y C con estimación de incremento por aplicación proporcional de los mismos al nivel mínimo garantizado (132 Millones para el nivel mínimo como establece el pacto PSOE – PODEMOS en escenario [B] y 515 millones para el nivel mínimo en escenario [C])

En un hipotético escenario en ausencia de PGE 2019 (es decir con presupuestos 2018 prorrogados) la gravedad del incumplimiento de la Ley de Dependencia por parte de las administraciones públicas es de tal calado y el consenso político y parlamentario logrado para revertir esta situación ignominiosa es paralelamente tan amplio, que conviene considerar la situación de extraordinaria y urgente necesidad padecida por 275.000 personas, de forma que se dé respaldo presupuestario a un incremento sustancial de los importes del Nivel Mínimo en 2019 para asegurar una reducción de la lista de espera de, al menos, 110.000 personas durante dicho ejercicio, especialmente las personas que están en peor situación (Grados III y II). 

3.    Los incrementos presupuestarios de la Administración Central –en cualquiera de los escenarios- deberían ir acompañados de algún sistema que comprometa a las comunidades autónomas a reducir su lista de espera empezando por los grados más elevados (personas con dependencia severa y grandes dependientes). Financiar sin comprometer a los gestores autonómicos es exponerse a mejorar las arcas de las consejerías de hacienda sin que se traduzca en incrementos reales de cobertura, o a seguir maquillando las listas de espera (Limbo), con servicios low cost. Estas fórmulas de compromiso deben debatirse y consensuarse en el Consejo Territorial y aplicarse sobre la financiación del Nivel Mínimo Garantizado.

No dar los pasos adecuados –considerando el amplio consenso parlamentario en la materia- sin emborronar el debate político con cuestiones ajenas a los intereses de la ciudadanía, resultaría inexplicable para todas las personas dependientes, sus familiares y para la sociedad en su conjunto.