Sólo el 8% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se ha beneficiado las RMI que ofrecen las Comunidades Autónomas. Así se desprende del Informe de Rentas Mínimas de Inserción correspondiente al año 2017, que ha hecho público recientemente el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Un porcentaje que en los dos últimos años se está reduciendo, habiendo alcanzado en 2015 su nivel más alto, con un 8,7%.

Este porcentaje encubre diferencias extremas: dos Comunidades destacan, País Vasco y Navarra, con porcentajes que suponen en un caso tres cuartas partes y en otro, dos tercios de su población por debajo del umbral de la pobreza. Y sólo cinco Comunidades más garantizan porcentajes superiores al 10% (Aragón, Cantabria, Asturias, C. de Madrid y Castilla y León). Por el contrario, las RMI de 7 Comunidades ni siquiera alcanzan una cobertura del 5% de su población bajo el umbral de la pobreza, siendo Castilla-La Mancha, con un 2,1%, y Murcia (3,6%) las Comunidades con menor cobertura.

La cuantía media por perceptor de las RMI en el conjunto de España supone el 13,2% de la renta media por hogar en nuestro país. Una cuantía extremadamente baja que, en los últimos siete años apenas ha sufrido variación.

Extremadura destaca con un 31,5%, es decir, las cuantías que reciben, como media, los perceptores de las RMI en esa Comunidad, suponen casi una tercera parte de su renta media por hogar. Con más de 10 puntos de diferencia le sigue Cataluña, cuya cuantía media suponen casi una quinta parte de su media de renta por hogar. Sólo otras cinco Comunidades superan el 15%. Por el contrario, otras cinco Comunidades tienen porcentajes inferiores al 10%, destacando Baleares con un 4,9%. Es decir, cuantías ínfimas que, de ninguna manera, permiten a sus perceptores garantizar la supervivencia.

Garantizar un mínimo vital para las personas que carecen de recursos propios debería ser Cuestión de Estado en todo el sentido de la expresión, y una prioridad de cualquier Gobierno que se preocupe por la dignidad de las personas. Las extremas desigualdades que en esta materia se evidencian en función del lugar de residencia, obliga a insistir en la necesidad de que se articule a nivel estatal una garantía de ingresos para todos los ciudadanos, sea cual sea su lugar de residencia. Casi todos los Partidos parlamentarios llevaban en sus programas este compromiso, si bien con notables diferencias. Sabemos la dificultad de lograr un acuerdo, pero al menos esta constatación debería haber sido motivo para iniciar, cuanto antes, los debates para alcanzar algún tipo de pacto. Pero no ha sido así. Apelamos, por ello, a la conciencia de quienes consideren la dignidad del ser humano por encima de cualquier otra consideración política o económica, para que se ponga en marcha en el Parlamento las Comisiones o grupos de trabajo que aborden esta cuestión, en esta misma legislatura, y que no abandonen su tarea hasta lograr ese pacto por una garantía de ingresos mínimos a tod@s l@s ciudadan@s.

Anexos:

RMI

RMI 2017