¡Despierta! La inclusión de igualdad total en las empresas como política estable y normalizada en su RSC es algo que se encuentra actualmente a la orden del día. Esta inclusión que se está viendo recompensada no tan solo con el trabajo bien hecho, sino con un sentimiento de pertenencia empresarial entre los trabajadores el cual solo es posible conseguir mediante un modelo de contratación total, sin barreras y sin estereotipos. Por lo que solamente se contrata por la capacidad que tiene el empleado de realizar las tareas, independientemente de si tiene o no discapacidad, y no al revés. Contratar al mejor candidato/a debe ser el objeto a valorar.

 

Este poder activo crea un gran ambiente laboral. Un objetivo claro pero difícil de conseguir si en el momento de contratación aspectos como la discapacidad suponen puntos negativos más que su formación o capacidades para el puesto de trabajo.

 

Sí, la discapacidad puede llegar a ser un impedimento a la hora de contratar, esto aún es real y necesita de un cambio urgente. Ciertamente la discapacidad es adaptable en todos los sectores profesionales, es por eso y por otros motivos, que es necesario que seamos conscientes de la normalización que se requiere ya que una persona con disCapacidad es igualmente válida como cualquier otra para un puesto de trabajo si se le proporcionan las adaptaciones necesarias, si es que las necesitara, muchas veces sin mucho coste, el cual además es reembolsado en bonificaciones o subvenciones, dependiendo del contrato, por lo que no debería ser ninguna barrera para la contratación del candidato/a.

 

Además de estos aspectos, no nos hemos de olvidar de la Ley General de Discapacidad (antigua ley Lismi) la cual establece que todas las empresas, públicas o privadas, y que su plantilla sea de más de 50 trabajadores (independientemente de la tipología del contrato) deban reservar un 2% o más de su plantilla de trabajadores con certificado de discapacidad igual o superior al 33%.

 

Esta ley además premia y otorga beneficios fiscales a las empresas, y que muchas veces son desconocidos por las mismas, por ejemplo, subvenciones de una determinada cantidad por el tipo de contrato pudiendo llegar hasta los 6.300€, bonificaciones directas en la Seguridad Social y que son de alrededor del 50% sobre un trabajador sin discapacidad, u otros tipos de subvención de carácter profesional para que la persona con discapacidad pueda adaptarse adecuadamente a su puesto de trabajo en caso de necesidad.

 

Las consecuencias del incumplimiento de la Ley General de Discapacidad implican multas que pueden ser leves, graves y muy graves, oscilando entre los 301 y 6.000 € para las más leves y entre los 600.000 y 1.000.000 € para las más graves.

Además, el incumplimiento también comporta sanciones de tipo laboral, como por ejemplo no poder contratar con la Administración Pública, imposibilidad de recibir Ayudas o Subsidios de la misma.

 

Toda esta información y mucho más la podrás encontrara en la página web  www.lismi.es

 

Pero el cumplimiento de la Ley General de Discapacidad (LGD), es solo uno de los motivos por los cuales contratar discapacidad, porque como os decía, la importancia de contratar o no a una persona debería estar por encima de cualquier estereotipo, deberíamos molestarnos en conocer a esa persona, saber sobre su formación, conocimientos y experiencia en el puesto y saber que lo hará de forma excelente (entre otros aspectos precisos para ser seleccionada/o) es necesario ir un  paso más allá consiguiendo llegar a ese cambio de normalidad y estabilidad para cualquier empresa y persona, seleccionando al mejor candidato/a, independientemente de su discapacidad, poner en valor sus habilidades para el desarrollo de su día a día profesional.