En 2013 se registró el nivel más bajo en cuanto a gasto autonómico en servicios esenciales (sanidad, educación y servicios sociales), con 100.000 millones de euros. Desde aquella fecha se ha recuperado
paulatinamente la inversión en estas políticas, hasta alcanzar los 112.662 millones de euros en los presupuestos definitivos de 2018. No obstante, este esfuerzo es aún insuficiente, no se alcanzan los niveles de gasto al inicio de la crisis (117.000 millones en 2009).
El estancamiento político y la consiguiente ausencia de presupuestos, ponen en serio peligro el sostenimiento de unos servicios públicos esenciales que podrían volver a la senda del deterioro.
La variación anual de los presupuestos autonómicos desde el inicio de la crisis muestra cómo el esfuerzo en el sostenimiento de los servicios públicos esenciales se vio reducido ampliamente entre 2010 y 2013 para iniciar cierta recuperación partir de 2014 que se ha visto truncada en los presupuestos definitivos de 2018 de manera que los durísimos recortes acumulados no se han recuperado en estas políticas.
Lo preocupante de la situación actual es que el gasto social autonómico presupuestado por habitante en 2018 fue 2.420 €, un 4,54% inferior al de
2009, que fue 2.535 €. De la misma manera, el porcentaje sobre el total que se destina a protección social, que en 2009 era el 66,9%, en 2018 ha sido del 60,7%, lo que pone en evidencia que el gasto en políticas de protección social gestionadas por las autonomías no se ha recuperado o se ha estancado.
Hay importantes diferencias entre comunidades en su gestión de la crisis y en el gasto social por comunidades autónomas, hay nueve de ellas que han conseguido superar en 2018 el gasto social por habitante que tenían en 2009:
Baleares (+9,6%), C.Valenciana (+6,5%), Cantabria (+5,6%), Asturias (+5,4%), Castilla y León (+4,8%), País Vasco (+3,7%), Navarra (+2,6%), La Rioja (+2,1%) y Extremadura (+1,9%).
Por el contrario, Cataluña acumula una disminución del 21,7% y Castilla-La Mancha del 13,8%. También Canarias, con un 5,6% y la C. de Madrid, con un 5,5%, acumulan disminuciones destacadas.
Como hemos visto, la tónica ha sido la reducción drástica del gasto en otras políticas, los recortes en sanidad, educación y servicios sociales y el incremento exponencial de gasto en deuda. No obstante, la situación de partida y la severidad aplicada a los recortes por unos y otros gobiernos no ha sido la misma. Castilla-La Mancha, por ejemplo, fue paradigma de los recortes más brutales entre 2011 y 2016.
Cataluña ha sido ejemplo de mantenimiento de un gasto muy por encima de la media en otras políticas mientras recortaba en servicios esenciales.
Los servicios públicos esenciales de nuevo en peligro
Es evidente que se corren riesgos, no ya de estancamiento, sino de vuelta al deterioro de los servicios públicos esenciales que se prestan por parte de las Comunidades Autónomas, especialmente la sanidad, la educación y los servicios sociales. Cuando se tendría que haber aplicado la mejora de la situación económica al restablecimiento de los mismos, nos encontramos con un escenario que no augura cambios sustanciales, al menos, hasta 2020.
En un contexto así, se tendría que considerar el blindaje presupuestario de materias tan esenciales para la ciudadanía como la sanidad, la educación y los servicios sociales y poner en marcha fórmulas URGENTES que permitan a las comunidades autónomas prestar estos servicios. Es un escenario de político tan grave como el actual; con unas posturas tan extremadas (que parece han venido para quedarse), el bienestar de las personas no puede acabar siendo rehén de las estrategias partidistas y de la falta de talla política.