Según las certificaciones anuales de las Comunidades Autónomas en 2018 la inversión pública en el Sistema de Atención a la Dependencia fue de 8.054 millones de euros

De acuerdo con estas certificaciones (* Certificaciones según ANEXO IV de la Orden SSI/2371/2013.):

  • Las Comunidades Autónomas financiaron el 83,3% del Sistema de la Dependencia, con 6.707 millones de euros. (un 7,5% más que en 2017)
  • La aportación estatal se sitúa en el 16,7%, con 1.348 millones de euros. (1.327 en los PGE prorrogados + 21 millones de devengos correspondientes a 2017)
  • 8.090 € /año fue el gasto promedio por dependiente atendido en 2018, de los cuales, según los antedichos porcentajes, la Administración Central aportó solo 1.348 € en concepto de nivel mínimo garantizado.

La financiación estatal se estancó tras los recortes de 2012 y ni tan siquiera se han cumplido los compromisos ligados al último presupuesto del Sr. Montoro, que preveían el incremento progresivo del Nivel Mínimo de Financiación (un 5% cada año desde 2018); a todas luces insuficiente, pero que tampoco ha visto la luz. Es obvio que –independientemente de la inestabilidad política- alguien ha considerado otras prioridades.

El resultado final es la imposibilidad para las comunidades autónomas de atender lo que tienen por delante, con una lista de espera de 258.00 personas ya valoradas como dependientes y con otras 140.000 personas pendientes de valoración. El sistema presenta claros síntomas de un nuevo estancamiento.

En este contexto entendemos que han existido y existen razones sobradas para abordar la cuestión con toda urgencia, más si consideramos que se está impidiendo el ejercicio de derechos a cientos de miles de personas dependientes y que incluso muchos de ellos fallecen sin haber llegado a ser atendidos. Cada mes, aproximadamente el 1% de la lista de espera causa baja por fallecimiento con lo que cada día que pasa son 80 las personas fallecidas sin haber podido ejercer su derecho.

La financiación de la dependencia se recortó por la vía de un Decreto-ley en 2012, es decir, apelando a circunstancias de “extraordinaria y urgente necesidad”. La cruel imposibilidad actual de atender a las personas en situación más vulnerable resulta que no ha sido considerada así y no ha sido objeto de un tan ansiado Decreto-ley que alivie la situación.

La convocatoria de un Consejo Territorial para este jueves sin abordar el asunto de la financiación en su orden del día es, de nuevo, otra oportunidad perdida para poner el asunto encima de la mesa y de obtener el más fácil de los consensos con todas las comunidades autónomas: la aprobación –al menos- de un Real Decreto en cumplimiento de las previsiones de los presupuestos prorrogados de subida del 5% con efectos 1 de enero de 2019. Esto era y es perfectamente posible, pero de nuevo, no parece que vaya a ser así.

Toca otra vez conformarse con promesas. La promesa electoral de reducción del 75% de la lista de espera (¡ojalá!) implicaría –con el actual contexto de atenciones de muy baja intensidad- un incremento del gasto público anual de más de 1.500 millones de euros que, en justicia, deberían ser aportados íntegramente por la AGE para llegar así a una aportación global del 36% de la financiación pública, muy lejos aún del 50% previsto. Se debería considerar que esa inversión generaría 45.000 puestos de trabajo directos y que se obtendrían unos retornos de 600 millones de euros (Seguridad Social, IRPF, IVA, Sociedades…) sin contar con los retornos inducidos.

Hasta entonces, a los atendidos insuficientemente, a los desatendidos y a los que incluso no han sido aún valorados, no les queda otra que seguir desapareciendo como hasta ahora, discretamente y en silencio.

Nota: Queremos destacar positivamente el cambio de actitud del Ministerio, que cumple con uno de los cinco puntos del Pacto de Estado por la Dependencia, facilitando información sobre financiación del Sistema.