La noticia provocó un escalofrío a la ya de por sí preocupante situación que atraviesa España por la expansión del coronavirus: efectivos de la Unidad Militar de Emergencias(UME) del Ejército de Tierra localizaron residencias en diferentes puntos de la geografía española en las que ancianos estaban conviviendo con cadáveres de personas que habían fallecido a causa del Covid-19. Ante esta situación, y ante el temor de encontrar más casos como éstos, el Gobierno obliga desde este martes a proporcionar «información veraz y ajustada» sobre las características físicas del centro, el personal y los residentes/pacientes del mismo.

Esto es, desde el Ejecutivo se quiere evitar situaciones como las vividas en las últimas horas, en las que al acudir la UME a realizar tareas de supervisión y desinfección han encontrado en estos centros cadáveres de ancianos. Las alertas saltaron en el Gobierno, según las fuentes consultadas, hace unos días, ante la constancia de que había residencias en las que o bien se carecía del personal suficiente o de las medidas y cuidados mínimos necesarios, y sanitarios, para los mayores.

El Jemad, Miguel Ángel Villarroya, ha confirmado que los militares se han encontrado con varios ancianos fallecidos en las residencias que han revisado en las labores de desinfección que están llevando a cabo. Asegura que han alertado a la Fiscalía. Ha avanzado, en la rueda de prensa diaria en Moncloa, que tienen previsto sanear otras 92 residencias de mayores este martes. El lunes 23, inicialmente, los efectivos militares habían planeado actuar sobre 130 residencias, pero finalmente llegaron a desinfectar 179. 

Las residencias de mayores son escenarios especialmente sensibles en esta crisis del coronavirus, toda vez que ya han fallecido más de 80 ancianos en estos centros y se han abierto investigaciones judiciales al respecto. Para tratar de atajar la situación y el vacío de información que existía, el Ministerio de Sanidad ha emitido una orden en la que obliga a estos centros proporcionar información detallada del personal que trabaja en el mismo, de las condiciones y del estado de salud de los mayores que están internos.

Esta obligación de suministrar información compete a todos los centros de servicios sociales de carácter residencial (centros residenciales de personas mayores, personas con discapacidad u otros centros de servicios sociales de análoga naturaleza), ya sean de titularidad pública o privada, y que se encuentren en territorio nacional.

NO PODRÁN CERRAR NI DESPEDIR TRABAJADORES

Otra de las medidas que impone desde ahora Sanidad es que las residencias o centros de mayores no podrán cerrar ni reducir o suspender sus servicios ni suprimir contratos laborales. Esto es, no podrán despedir a trabajadores. Estas decisiones, en situaciones extraordinarias, sólo las podrá adoptar la autoridad competente de la comunidad autónoma, pero no los responsables del centro. 

Además, deberán someterse a una inspección sanitaria que correrá a cargo de los servicios sanitarios de la comunidad autónoma correspondiente, otra medida de prevención para que la Administración cuente con información de primera mano tanto de la situación de los centros como de los residentes. Sanidad avisa a los centros de que «estas inspecciones podrán realizarse en cualquier momento, quedando autorizados para ordenar cuantas actuaciones sean precisas para cumplir con las normas vinculadas al control de la crisis sanitaria originada por el Covid-19».

El Gobierno argumenta estas exigencias ante el «rápido avance de la enfermedad, la especial vulnerabilidad de las personas mayores, las personas con discapacidad u otros usuarios de centros residenciales y centros sociales con internamiento ante la infección Covid-19, y la necesidad de disponer de recursos para la atención de los mismos, obliga a adoptar nuevas medidas dirigidas a reducir el riesgo de contagio y garantizar la posibilidad de utilización de todos los recursos disponibles para la atención social y sanitaria de estos colectivos».