Es bien sabido que las residencias de mayores son lugares donde el COVID 19 está haciendo estragos. La edad de quienes las habitan (en su mayoría más de 80 años), la fragilidad de su salud y la convivencia en un mismo entorno, hacen que constituyan uno de los escenarios más expuestos a la enfermedad y a su contagio, y que sus consecuencias sean más letales. Son, por así decirlo, el ojo del huracán de este cataclismo que nos está tocando vivir.

En este escenario, los responsables de los centros residenciales y, de manera especial, sus trabajadores y trabajadoras, tienen que desarrollar su labor, sin recibir los medios materiales (EPIs) para prevenir riesgos para ellos mismos y para los residentes, ni apoyo sanitario, por parte de un sistema de salud desbordado. Abandonados a su suerte, tienen que soportar el intento de criminalización, culpabilizándoles de la enorme mortalidad que afecta a estos centros y de la extensión del virus en ellos. Lo que anticipábamos al inicio de esta crisis que podría pasar: convertir a las víctimas en culpables. Pero nunca pudimos imaginar que iba a ocurrir precisamente con los más vulnerables: las residencias de mayores.

El detonante fueron las palabras de la Ministra de Defensa, Margarita Robles, informando del hallazgo de cadáveres en alguna residencia, cuando la UME entró a realizar tareas de desinfección. Desde ese momento, las residencias, en general, pasaron a convertirse en blanco de las iras de una parte de la opinión pública, y en objeto de vigilancia generalizada por parte de la fiscalía.

Frente a la avalancha de acusaciones que estos centros están recibiendo, conviene precisar, en honor a la verdad y en defensa de quienes dedican en ellos todo su esfuerzo en momentos tan difíciles, lo siguiente:

  • No se puede acusar a las residencias de mayores de no estar preparadas para esta situación. No se les puede exigir lo que no se exige a ningún otro estamento social, incluido el sistema sanitario, la educación, la industria…. Nadie estaba preparado para un cataclismo como este ¿porqué a las residencias se les echa en cara, incluso de manera airada y ofensiva, que no estaban preparadas?
  • Las residencias no son servicios sanitarios, ni sociosanitarios, son servicios sociales, lugares para vivir y convivir. Las personas mayores que viven en residencias siguen teniendo derecho a recibir atención sanitaria a cargo del sistema público de sanidad, como cualquier persona mayor que viva en su casa. En consecuencia, las residencias no son, en ningún caso, responsables de la atención sanitaria de sus residentes, ni de las limitaciones y dificultades que actualmente tiene un sistema sanitario desbordado. Es inadmisible y cruel, cuando el sistema sanitario no puede atender a las personas mayores que viven en residencias, culpabilizar de esta falta de atención a quienes cuidan de ellos, sin apoyo sanitario por parte de quien debería proporcionarlo.
  • Desde el comienzo de esta crisis, hace ya dos semanas, el traslado de residentes a un hospital, cuando lo necesitan, por la causa que sea, resulta casi imposible. En consecuencia, las residencias, sin medios para ello, tienen que atender a personas que deberían estar hospitalizadas. Si no son capaces de hacerlo con todas las garantías que debería ofrecer el sistema sanitario, de nuevo se las culpabiliza de forma cruel.
  • Ante la imposibilidad de derivar pacientes a los hospitales por estar desbordados, y por la letalidad del covid19 en las personas mayores, los fallecimientos en las residencias son mucho más frecuentes que en situaciones normales. A ello se une la saturación de los servicios funerarios, incapaces de retirar los cadáveres con inmediatez. Además, hay que cumplir estrictos protocolos de retirada de cadáveres en una situación de epidemia tan grave. Por eso hay cadáveres que permanecen horas (a veces días) en sus habitaciones. A la angustia que estas situaciones producen en los trabajadores y en los responsables de los centros, se une el temor de que pueda ser objeto, que lo son, de investigación por parte de la policía científica por encargo de la fiscalía ¿es posible imaginar las condiciones en las que los trabajadores de las residencias y sus responsables desarrollan su labor estos días?

Afortunadamente no vemos a la fiscalía acosando con policía judicial o a forenses de manera generalizada a los hospitales o a los servicios funerarios. Sería cruel y dificultaría su labor. Y el clamor popular rechazaría esa presión a quienes, en estos momentos, todos consideramos, con razón, que están poniendo todo su esfuerzo en primera línea para defendernos del virus, aunque estén desbordados y con medios precarios. Pero eso es lo que se está haciendo con las residencias de mayores ¿porqué lo permitimos o incluso lo jaleamos?

Tampoco vemos, afortunadamente, reportajes destacados en los medios señalando a hospitales, funerarias, cuerpos de seguridad… como culpables de sus limitaciones. Pero abundan reportajes insultantes hacia las residencias de mayores, con expresiones crueles y fuera de lugar por personas que desconocen estos centros o simplemente quieren desahogar con ellos cualquiera de sus frustraciones. Las declaraciones desesperadas -y comprensibles- de algún familiar, o las descalificaciones de cualquier extrabajador de alguno de estos centros, sirven a algunos medios para hacer titulares o reportajes que ofenden y criminalizan a las residencias de mayores, cuando más necesitan reconocimiento y apoyo.

Por todo eso, pensando en el buen hacer y en la calidad de la mayor parte de las residencias de mayores en España, en la profesionalidad y abnegación que demuestran, día a día, sus trabajadoras y trabajadores, especialmente en momentos tan duros como estos, y pensando, sobre todo, en los cuidados y el cariño que las personas mayores necesitan, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales Solicitamos que la fiscalía deje de vigilar a las residencias de mayores de manera generalizada, y que sean tratados igual que cualesquiera otros centros o servicios que estén actuando en la actual pandemia para asegurar la salud y la vida de las personas. Por supuesto, no cuestionamos en ningún momento la obligación de la fiscalía de actuar frente a cualquier indicio de delito que pueda encontrar en algún establecimiento (residencia, hospital, funeraria, cuerpos de seguridad…), pero no podemos entender que se haga de manera generalizada contra todo un sector, el de las residencias, donde viven 400.000 personas mayores y en el que trabajan casi 200.000 personas. Las causas generales son más propias de sistemas dictatoriales o de sociedades atemorizadasque buscan culpables ante catástrofes que son incapaces de controlar, que mecanismos de un estado democrático de derecho.

Y a los medios de comunicación pedimos respeto y apoyo por las residencias de mayorespor su buen hacer, y por la admirable labor de sus trabajadores y trabajadoras, así como de la inmensa mayoría de sus responsables en unos momentos tan complicados como los que estamos viviendo.

Sólo así estos centros podrán ofrecer los cuidados y el cariño que las personas mayores necesitan, hoy más que nunca. Es responsabilidad de todos y todas facilitar esta labor.