Es bien sabido que las residencias de mayores son lugares donde el
COVID 19 está haciendo estragos. La edad de quienes las habitan (en su
mayoría más de 80 años), la fragilidad de su salud y la convivencia
en un mismo entorno, hacen que constituyan uno de los escenarios más
expuestos a la enfermedad y a su contagio, y que sus consecuencias sean
más letales. Son, por así decirlo, el _ojo del huracán_ de este
cataclismo que nos está tocando vivir.


  En este escenario, los responsables de los centros residenciales y, de
manera especial, sus trabajadores y trabajadoras, tienen que desarrollar
su labor, sin recibir los medios materiales (EPIs) para prevenir riesgos
para ellos mismos y para los residentes, ni apoyo sanitario, por parte
de un sistema de salud desbordado. Abandonados a su suerte, tienen que
soportar el intento de criminalización, culpabilizándoles de la enorme
mortalidad que afecta a estos centros y de la extensión del virus en
ellos. Lo que anticipábamos al inicio de esta crisis que podría pasar:
convertir a las víctimas en culpables. Pero nunca pudimos imaginar que
iba a ocurrir precisamente con los más vulnerables: las residencias de
mayores.

  El detonante fueron las palabras de la Ministra de Defensa, Margarita
Robles, informando del hallazgo de cadáveres en alguna residencia,
cuando la UME entró a realizar tareas de desinfección. Desde ese
momento, las residencias, en general, pasaron a convertirse en blanco de
las iras de una parte de la opinión pública, y en objeto de vigilancia
generalizada por parte de la fiscalía.

  Frente a la avalancha de acusaciones que estos centros están
recibiendo, conviene precisar, en honor a la verdad y en defensa de
quienes dedican en ellos todo su esfuerzo en momentos tan difíciles, lo
siguiente:

        * NO SE PUEDE ACUSAR A LAS RESIDENCIAS DE MAYORES DE NO ESTAR
PREPARADAS PARA ESTA SITUACIÓN. No se les puede exigir lo que no se
exige a ningún otro estamento social, incluido el sistema sanitario, la
educación, la industria…. Nadie estaba preparado para un cataclismo
como este ¿porqué a las residencias se les echa en cara, incluso de
manera airada y ofensiva, que no estaban preparadas?
        * LAS RESIDENCIAS NO SON SERVICIOS SANITARIOS, NI SOCIOSANITARIOS, SON
SERVICIOS SOCIALES, LUGARES PARA VIVIR Y CONVIVIR. Las personas mayores
que viven en residencias siguen teniendo derecho a recibir atención
sanitaria a cargo del sistema público de sanidad, como cualquier
persona mayor que viva en su casa. En consecuencia, las residencias no
son, en ningún caso, responsables de la atención sanitaria de sus
residentes, ni de las limitaciones y dificultades que actualmente tiene
un sistema sanitario desbordado. Es inadmisible y cruel, cuando el
sistema sanitario no puede atender a las personas mayores que viven en
residencias, culpabilizar de esta falta de atención a quienes cuidan de
ellos, sin apoyo sanitario por parte de quien debería proporcionarlo.
        * DESDE EL COMIENZO DE ESTA CRISIS, HACE YA DOS SEMANAS, EL TRASLADO DE
RESIDENTES A UN HOSPITAL, CUANDO LO NECESITAN, POR LA CAUSA QUE SEA,
RESULTA CASI IMPOSIBLE. En consecuencia, las residencias, sin medios
para ello, tienen que atender a personas que deberían estar
hospitalizadas. Si no son capaces de hacerlo con todas las garantías
que debería ofrecer el sistema sanitario, de nuevo se las culpabiliza
de forma cruel.
        * Ante la imposibilidad de derivar pacientes a los hospitales por estar
desbordados, y por la letalidad del covid19 en las personas mayores, los
fallecimientos en las residencias son mucho más frecuentes que en
situaciones normales. A ello se une la SATURACIÓN DE LOS SERVICIOS
FUNERARIOS, incapaces de retirar los cadáveres con inmediatez. Además,
hay que cumplir estrictos protocolos de retirada de cadáveres en una
situación de epidemia tan grave. Por eso hay cadáveres que permanecen
horas (a veces días) en sus habitaciones. A la angustia que estas
situaciones producen en los trabajadores y en los responsables de los
centros, se une el temor de que pueda ser objeto, que lo son, de
investigación por parte de la policía científica por encargo de la
fiscalía ¿es posible imaginar las condiciones en las que los
trabajadores de las residencias y sus responsables desarrollan su labor
estos días?

  AFORTUNADAMENTE NO VEMOS A LA FISCALÍA ACOSANDO CON POLICÍA JUDICIAL
O A FORENSES DE MANERA GENERALIZADA A LOS HOSPITALES O A LOS SERVICIOS
FUNERARIOS. Sería cruel y dificultaría su labor. Y el clamor popular
rechazaría esa presión a quienes, en estos momentos, todos
consideramos, con razón, que están poniendo todo su esfuerzo en
primera línea para defendernos del virus, aunque estén desbordados y
con medios precarios. Pero eso es lo que se está haciendo con las
residencias de mayores ¿porqué lo permitimos o incluso lo jaleamos?

  Tampoco vemos, afortunadamente, reportajes destacados en los medios
señalando a hospitales, funerarias, cuerpos de seguridad… como
culpables de sus limitaciones. Pero abundan reportajes insultantes hacia
las residencias de mayores, con expresiones crueles y fuera de lugar por
personas que desconocen estos centros o simplemente quieren desahogar
con ellos cualquiera de sus frustraciones. Las declaraciones
desesperadas -y comprensibles- de algún familiar, o las
descalificaciones de cualquier extrabajador de alguno de estos centros,
sirven a algunos medios para hacer titulares o reportajes que ofenden y
criminalizan a las residencias de mayores, cuando más necesitan
reconocimiento y apoyo.

  Por todo eso, pensando en el buen hacer y en la calidad de la mayor
parte de las residencias de mayores en España, en la profesionalidad y
abnegación que demuestran, día a día, sus trabajadoras y
trabajadores, especialmente en momentos tan duros como estos, y
pensando, sobre todo, en los cuidados y el cariño que las personas
mayores necesitan, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios
Sociales SOLICITAMOS QUE LA FISCALÍA DEJE DE VIGILAR A LAS RESIDENCIAS
DE MAYORES DE MANERA GENERALIZADA, y que sean tratados igual que
cualesquiera otros centros o servicios que estén actuando en la actual
pandemia para asegurar la salud y la vida de las personas. Por supuesto,
no cuestionamos en ningún momento la obligación de la fiscalía de
actuar frente a cualquier indicio de delito que pueda encontrar en
algún establecimiento (residencia, hospital, funeraria, cuerpos de
seguridad…), pero no podemos entender que se haga de manera
generalizada contra todo un sector, el de LAS RESIDENCIAS, DONDE VIVEN
400.000 PERSONAS MAYORES Y EN EL QUE TRABAJAN CASI 200.000 PERSONAS. LAS
CAUSAS GENERALES SON MÁS PROPIAS DE SISTEMAS DICTATORIALES O DE
SOCIEDADES ATEMORIZADAS que buscan culpables ante catástrofes que son
incapaces de controlar, que mecanismos de un estado democrático de
derecho.

  Y A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PEDIMOS RESPETO Y APOYO POR LAS
RESIDENCIAS DE MAYORES, por su buen hacer, y por la admirable labor de
sus trabajadores y trabajadoras, así como de la inmensa mayoría de sus
responsables en unos momentos tan complicados como los que estamos
viviendo.

  Sólo así estos centros podrán ofrecer los cuidados y el cariño que
las personas mayores necesitan, hoy más que nunca. Es responsabilidad
de todos y todas facilitar esta labor.