La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha solicitado un informe a los servicios jurídicos para evaluar la posibilidad de hacer públicos los datos referentes al COVID-19 en los centros residenciales de la red privada asturiana y en los mismos términos en los que se remite la información de la red pública (ERA).

La solicitud de la consejería responde al interés de informar con total garantía jurídica y transparencia a la ciudadanía de la situación en la que se encuentran cada una de las residencias privadas afectadas por el coronavirus. “Desde la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar hemos reiterado nuestro compromiso con la transparencia y, además, con la protección de todas las personas mayores independientemente de donde vivan. En este sentido, publicaremos los datos desagregados del conjunto de centros residenciales cuando tengamos la seguridad jurídica de que es posible hacerlo”, ha asegurado Melania Álvarez.

Desde el inicio de esta crisis sanitaria, la consejería recaba a diario los datos de todos los centros residenciales de mayores, tanto de la red pública como la privada. En referencia a los centros privados, desde la consejería se vienen haciendo públicos los datos totales, tanto de infectados como de fallecidos y recuperados, pero siempre preservando el nombre de cada uno de los centros, por tratarse de residencias privadas. El objetivo del Gobierno de Asturias es que la información, tanto de la red pública como la privada, se ofrezca bajo los mismos criterios.

“Hemos solicitado informe tanto al Comité de Ética como al órgano colegiado que, en la consejería, vela por el cumplimiento de la protección de datos. Si obtenemos las garantías jurídicas, se publicará la información en el mismo formato que venimos haciendo con los centros dependientes del ERA siempre que no exista impedimento legal para ello”, ha afirmado la consejera. Melania Álvarez ha añadido que “en una situación extraordinaria, además de transparentes seremos prudentes en la defensa del interés de la consejería frente a posibles consecuencias jurídicas”.