Los Servicios Sociales pasarán en España de seis millones de personas usuarias a diez millones antes de final de año. Cuando afloren las peores consecuencias de esta crisis sanitaria se volverán a hacer evidentes sus efectos sobre la pobreza y la exclusión social en enormes sectores de población, a los que atenderemos en un sistema disperso y recortado al que no acaba de llegar ni la financiación suficiente ni los cambios normativos para aplicarla.  

1.  Establecer la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones reconocidas, porque los procedimientos administrativos son tan complejos y eternos que se vuelven ineficaces.

2.  Aplicar el silencio administrativo positivo a todos los procedimientos que afectan a las personas en lista de espera de cualquier prestación (dependencia, rentas mínimas, PNC, ayuda a domicilio…)

3.  Aprobar el Ingreso Mínimo Vital desde el Sistema de Rentas gestionada por la Seguridad Social, como una prestación universal no condicionada de derecho subjetivo y donde las rentas mínimas autonómicas le sean subsidiarias y complementarias.  

4.   Garantizar los proyectos de intervención con los menores y adolescentes en situación de riesgo.  

5.  Reorganizar el Servicio de Ayuda a Domicilio para ajustar con nuevas intervenciones a las personas beneficiarias y/o a otras nuevas usuarias. Aumentar los servicios de teleasistencia domiciliaria para aquellos mayores de 65 años. Asegurar la atención a las cien mil personas en situación de dependencia beneficiarias de centros de día.  

6.   Monitorizar los datos de las residencias para implantar un sistema de alerta temprana y seguimiento (con habitaciones individuales). Implantando un protocolo que garantice la atención sanitaria de los residentes desde los centros sanitarios públicos.  

7. Implementar planes integrales en zonas desfavorecidas o barrios vulnerables que posibiliten la convivencia positiva y la inserción social de sus poblaciones.

8. Promover la complementariedad de las acciones del tercer sector, desde la directriz de la administración pública, sobre los derechos de ciudadanía que garantiza el Sistema Público de Servicios Sociales.

9.Incorporar a los equipos asesores de expertos de los gobernantes a especialistas en la gestión de los Servicios Sociales.

10.Poner en la agenda pública los servicios sociales como cuarto pilar del Estado del Bienestar. 

La responsabilidad de los gobernantes es la de acometer con rigor e inteligencia las decisiones. De no hacerlo, no podrán decir que no se advirtió y tampoco, que siguieron las indicaciones de los profesionales a los que habitualmente desoyen. Serán responsables, se lo reclamaremos los profesionales, se lo reclamará la sociedad y quedará sobre su conciencia. 

Los servicios sociales son una inversión, imprescindibles para garantizar una convivencia personal positiva y que no quiebre la cohesión social. Justicia social frente a la beneficencia