Los documentos que presenta el ministro de Inclusión Seguridad Social y Migraciones a las Comunidades Autónomas, y a los que ha tenido acceso la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (pueden solicitarlos a la Asociación) describen esta nueva prestación estatal como un derecho subjetivo configurándolo como prestación no contributiva del Sistema de Seguridad Social y estima el gasto que supondrá para sus arcas en 3.500 millones de euros. 

El IMV se determinará en función de la estructura y rasgos específicos de la unidad de convivencia del titular del derecho. Cubrirá la diferencia existente entre la suma de los recursos económicos de cualquier naturaleza de que disponga la persona titular o los componentes de la unidad de convivencia (uc) y la renta garantizada determinada en el RDL y se prolongará mientras persista la situación de vulnerabilidad y se cumplan los requisitos que originaron el derecho a su percepción

Los titulares serán mayores de 23 años (salvo que tenga al menos un hijo a cargo), ymenor de 65 años con residencia legal y efectiva en España, y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año anterior a la fecha de presentación de la solicitud. Se establecen cinco tipologías de unidades de convivencia.

Se determinará vulnerabilidad económica en función de la capacidad económica de la unidad de convivencia en su conjunto. Y será cuando el promedio mensual del conjunto de ingresos y rentas anuales del ejercicio anterior a la solicitud sea inferior a la cuantía mensual de la renta garantizada que corresponda en función de la modalidad y composición de la unidad de convivencia. 

La cuantía mensual máxima del IMV será el resultado de aplicar un tanto por ciento sobre el importe mensual de las pensiones no contributivas (PNC) de la Seguridad Social.  Se establecen escalas de incrementos en función del número de adultos y del número de menores. Se establece un complemento de monoparentalidad de 100 €. (Cuadro anexo)

La competencia para el reconocimiento y el control del IMV corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).  La solicitud del IMV se realizará a través de los CAISS, medios telemáticos y EELL (previa firma de convenio de colaboración). 

El plazo máximo de resolución será de tres meses y el sentido del silencio será negativo.

Se promoverá la inclusión social y laboral de las personas beneficiarias del ingreso mínimo vital mediante la coordinación y colaboración con las comunidades autónomas. 

Se fomentará la vinculación del IMV con los itinerarios de inclusión social a través de las CC. AA. y con pleno respeto al orden competencial.

Se creará un órgano de coordinación Estado-CC. AA. con el fin de reforzar la colaboración y cooperación en el ámbito del IMV y los itinerarios de inclusión social.

Cumplirá también, por fin, con el reiterado una y mil veces requerimiento de la Comisión Europea a la que nunca le valieron los esfuerzos por disfrazar la realidad de las autoridades españolas de que nuestro País contaba con un sistema de garantía de rentas, aunque fuera disperso y territorialmente desigual conformado por los sistemas de rentas de las Comunidades Autónomas y una larga lista de subsidios de desempleo, prestaciones por hijo a cargo, complementos a mínimos en pensiones, etc.

Todos los estudios e investigaciones al respecto, han puesto sobre la mesa con tozudez (entre ellos los de la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal –AIREF- de la que ha sido director hasta hace unos meses el actual Ministro), que el sistema actual (si es que fuera digno de tal nombre) de rentas mínimas en España adolece de tres grandes problemas: su fragmentación, sus bajas cuantías y los enormes huecos entre prestaciones que dejan fuera a amplias capas de la población. Ello además de su manifiesta ineficacia para la erradicación de la pobreza ni siquiera en su expresión más severa.

A falta de conocer los detalles del proyecto del Ministerio, por lo conocido hasta ahora, parece que la música no suena mal, pero queda por conocer la letra de la canción que el actual gobierno ha prometido, quedan por aclarar enormes campos de duda como, por ejemplo: 

La forma en que el futuro sistema afrontará el efecto desincentivo sobre la activación para el empleo que muchos estudios señalan como uno de los grandes inconvenientes de este tipo de prestaciones. En este sentido hay que recordar, entre otros, el Dictamen de 2019 del Consejo Económico y Social de la Unión Europea en el sentido de que “la renta mínima decente solo puede tener sentido si se inscribe en un enfoque global de inserción y de inclusión activa que combine el acceso a mercados de trabajo inclusivos —con empleos de calidad y formación continua— y el acceso a servicios públicos de cal­idad, en particular en materia de educación y sanidad”

O cómo piensa resolver el paradójicamente elevado nivel de no acceso a este tipo de prestaciones por, precisamente, las personas que se encuentran en los niveles más altos de exclusión (el denominado “non take off). No en vano, su alto nivel, es una constatación afirmada por no pocos estudiosos de los sistemas de renta de otros países de la Unión y detectados también en los distintos sistemas de las comunidades autónomas en nuestro país. 

O cómo se piensa evitar (lo que sería un indeseable efecto perverso) que las Comunidades Autónomas, unas más y otras menos, ante la instalación de la futura prestación no contributiva de la Seguridad Social, cayeran en la tentación de dedicar los 1.500 millones de euros que actualmente invierten en sus propios sistemas a otras políticas que no fueran las relacionadas con la inclusión social y los servicios sociales.Por esta vía, de forma indirecta se estaría produciendo un nuevo recorte en los ya insuficientes presupuestos de los departamentos autonómicos encargados de los servicios sociales y una nueva tomadura de pelo, tanto para los miles de profesionales de la intervención social, como para los miles de usuarios a los que se les viene prometiendo, con más atrevimiento que eficacia, verdaderos itinerarios individualizados de inserción.

Queda igualmente por aclarar qué papel y qué grado de intervención espera la propuesta ministerial por parte de los Servicios Sociales en la implementación de la nueva prestación. Este es un factor de no poca inquietud para los profesionales del sector dado que ya tienen la triste experiencia de, después de haber celebrado con alborozo la aprobación de un nuevo derecho social subjetivo como fue la atención a la dependencia, haber cargado con las consecuencias de su implantación sin el refuerzo de sus estructuras básicas sino, por el contrario, en un contexto de recortes sociales por doquier, provocados por la crisis (entonces provocada por los bancos y ahora puede ser provocada por el virus).

En estos días de emergencia sanitaria ha estallado ante todos nosotros, con el postureo cínico de sorpresa de los que impulsaron su recorte, la debilidad de la Atención Primaria del Sistema Sanitario frente al virus y desde todos los sectores se ha ponderado el beneficio en vidas y en sufrimiento que hubiera supuesto la acción preventiva y de detección precoz de esas estructuras de haber estado bien dotadas de personal y medios. 

Por puro paralelismo, el Estado de Bienestar español se volverá a pegar un tiro en el pié si no reconoce estas mismas debilidades y esas mismas potencialidades en la atención primaria de los servicios sociales frente al nuevo tsunami de desigualdad y exclusión que se nos viene encima por mucha renta mínima que implante y quizá, cuanto más se empeñe en implantarla sin tenerlo en cuenta.

Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente Asociación Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. telf:650383764e-mail directoressociales@hotmail.com  

ANEXO 1. 

El análisis de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales

Es necesario disponer de un Ingreso Mínimo Vital Garantizado (IMV), como prestación económica de derecho subjetivo, para la cobertura de necesidades básicas de las personas que carecen de ingresos económicos para el sostenimiento de una vida digna, exista o no exista, una particular crisis social como la actual.  Se hace necesario particularmente en España, donde las marcadas desigualdades y la pobreza infantil tienen graves consecuencias. Necesidad que sin duda se agrava con la pandemia actual, en diversos colectivos sociales, al aumentar el número de trabajadores que no tendrán ni trabajo ni empleo. Teniendo en cuenta los datos de la Encuesta de Población Activa -EPA-, en España se alcanza a un millón de hogares en los que todos sus miembros carecen de ingresos económicos; de ellos, el 50% tienen hijos a su cargo, y setenta mil de dichos hogares, serian familias monoparentales. 

Desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerente de Servicios Sociales,proponemos determinados criterios básicos que consideramos han de tenerse en cuenta para configurar el nuevo Ingreso Mínimo Vital (IMV), en la situación actual, estableciendo el mejor equilibrio posible y la mayor eficacia entre prestaciones económicas que concurren en la cobertura de situaciones de necesidad: 

  • La implantación del Ingreso Mínimo Vita-IMV-como prestación económica periódica garantizada, de derecho de ciudadanía española, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad destinada a la cobertura de   situaciones de necesidad por carencia de ingresos, de acuerdo al Art. 41 de la Constitución Española.  Ello requiere: 
  • Garantizar el IMV como Prestación No Contributiva, de Derecho Subjetivo, del Sistema Público de Seguridad Social que, en cuanto prestación de derecho subjetivo no corresponde su regulación como prestación de “Ayuda de Asistencia Social”. 
  • Con Derecho a prestaciones económicas complementarias por hijos menores a cargo de la unidad de convivencia, y por sostenimiento del hogar. 
  • Derechos reconocidos   para toda la ciudadanía española en situación de necesidad, en igualdad de condiciones, independientemente de su lugar de residencia.
  • De acuerdo a la naturaleza jurídica de derecho subjetivo del IMV, se requiere la titularidad individualizada del derecho, como derecho derivado de la condición de  ciudadanía, y  no como prestación vinculada a la “condición laboral”; ni al “derecho de alimentos”; ni a la categorización de  “beneficiaria/o del  titular del derecho de  la  unidad de convivencia”, asegurándose especialmente la prevención de la discriminación de género  históricamente practicada en el ámbito de prestaciones familiares.  
  • Financiación con impuestos generales del Estado mediante transferencia finalista a la Seguridad Social. 
  • Gestión a cargo de la Seguridad Social, en cooperación con el Ministerio de Hacienda, con un sistema informático integrado de sus respectivas bases de datos al objeto de reconocimiento de la prestación de Ingreso Mínimo Vital y sus respectivas Prestaciones Complementarias. 
  •  Articular dichos ingresos con otros Ingresos y con Medidas de Acción Positiva, tanto de Programas Estatales, como de Programas de las Comunidades Autónomas, especialmente   los Planes de Inclusión Social y los Planes Integrales Transversales para la Igualdad de Oportunidades destinados a diversos colectivos sociales. 

El mantenimiento de la inversión realizada por las Comunidades Autónomas en sus respectivos sistemas de rentas mínimas hasta la fecha, en los presupuestos de las respectivas Consejerías responsables de las políticas de Servicios Sociales e inclusión social. Para ello, en el ejercicio de sus competencias cada Comunidad Autónoma deberá decidir si esa inversión se dedica a una o a las dos opciones siguientes:

  • Complementar las nuevas prestaciones por IMV hasta el nivel que cada una establezca siendo recomendable priorizar el refuerzo de la parte de esa prestación correspondiente a los menores de la unidad familiar.
  • Reforzar las acciones, proyectos y programas dirigidos a la inclusión priorizando, en este caso, las tres líneas de acción siguientes:
    • La acción en zonas, barrios o realidades poblacionales de especiales características de exclusión. 
    • El refuerzo de las plantillas de personal de los equipos de inclusión de la Atención Primaria de los Servicios Sociales.
    • La mejora e incremento de los recursos tecnológicos de la Atención Primaria del Sistema tanto en equipos como, sobre todo, en el software necesario para la interoperación con el Sistema de Empleo. 

Finalmente, señalar la importancia estratégica del desarrollo normativo del Ingreso Mínimo Vital, de forma que se lleve a cabo con un adecuado diseño que facilite a medio plazo el tránsito hacia una Renta Básica de Ciudadanía, que garantice y proteja la cobertura universal de ingresos económicos para el sostenimiento de un nivel de vida digno, en ejecución de una política redistributiva de plena equidad fiscal.

ANEXO 2. 

RENTA GARANTIZABLE documento que presenta el ministro de Inclusión Seguridad Social y Migraciones a las Comunidades Autónomas

Anclaje de la Renta Garantizable (1)Escala de Incrementos (2)Complemento Monoparentales (3)Renta Garantizable(4=1*2 +3)
1 adulto461,531462
1 adulto y 1 niño1,3+100 €700
1 adulto y 2 niños1,6+100 €838
1 adulto y +2 niños1,9+100 €977
2 adultos1,3600
2 adultos y 1 niño1,6738
2 adultos y 2 niños1,9877
2 adultos y +2 niños2,21.015
3 adultos1,6738
3 adultos con niños1,9877
Otros1,9877