La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas financiará los servicios sociales de atención primaria cada cuatro años, y no anualmente como hasta ahora, a través del contrato-programa impulsado por la Conselleria, «para dar estabilidad a los y las cerca de 2.500 profesionales que forman las plantillas de los equipos municipales», ha destacado la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra.

La Conselleria lleva desde la pasada legislatura incrementando las partidas destinadas a los ayuntamientos para que puedan reforzar las plantillas de los equipos sociales municipales dentro de su objetivo de convertirlos en «la verdadera cuarta pata del estado del bienestar, junto con la sanidad, la educación y el sistema de pensiones», ha indicado la vicepresidenta.

En este sentido, ha resaltado que se ha pasado de los 9,6 millones de euros que se destinaban en 2015, a los 51,8 millones de euros que hay en el presupuesto de 2020.

Asimismo, Oltra ha incidido en que este incremento del presupuesto ha permitido multiplicar por 5 las plantillas municipales que se dedican a gestionar ayudas de dependencia, de la renta valenciana de inclusión y otras prestaciones dedicadas a la ciudadanía.

Igualmente, ha destacado que en este tiempo se han ampliado y reforzado los servicios de atención específica, como la Red de Agentes de Igualdad, que ha pasado de ser gestionada por una empresa privada a serlo por los ayuntamientos, o se ha puesto en marcha la Xarxa Jove, como un instrumento fundamental en el impulso de las políticas de juventud de proximidad.

«Los primeros cuatro años el Consell se ha centrado en crear una estructura que el antiguo Gobierno había desmantelado o, en el peor de los casos, ni siquiera había puesto en marcha, y ahora llega el turno de dotarla de estabilidad y de establecer los mecanismo necesarios para que exista una política coordinada en materia de servicios sociales entre las distintas administraciones», ha añadido.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha explicado que el carácter plurianual del nuevo modelo permitirá a los ayuntamientos saber «con qué fondos cuentan y tener una mayor estabilidad en la financiación que reciben por parte de la Conselleria para la contratación de plantillas más allá del ejercicio presupuestario anual», algo que, a su juicio, «repercutirá en la calidad de la atención a la ciudadanía».

Este nuevo tipo de colaboración financiera que sustituye a la subvención anual actual, se regula en el decreto de Coordinación y Financiación de la Atención Primaria de servicios sociales, aprobado por el Consell y publicado en el DOGV, y que establece además la coordinación tanto entre las administraciones como entre los servicios sociales de atención primaria.

La vicepresidenta ha recordado que la elaboración de este decreto se enmarca en el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana, que declara los servicios sociales «universales, esenciales y de interés general».

2.500 puestos de trabajo

Tal y como establece el decreto, a través del contrato-programa se ordenarán los sistemas de financiación del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales con convenios interadministrativos que regularán las relaciones financieras y jurídicas y los compromisos y obligaciones de las partes.

Se calcula que con esta medida se podrá garantizar la estabilidad de 2.500 puestos de trabajo en las plantillas de los equipos de atención primaria y de centros y recursos municipales.

Se trata de alrededor de 1.955 profesionales de los equipos de atención primaria de las entidades locales de toda la Comunitat Valenciana, personas a las que habría que sumar las que trabajan en la red específica, entre las que hay 193 de la Red de Agentes de Igualdad y 352 profesionales que trabajan en la atención a la infancia y adolescencia.

Órgano de colaboración y coordinación

La vicepresidenta ha destacado la importancia de este decreto que servirá para generar «un espacio de participación y una acción coordinada por todas las partes en materia de servicios sociales», con la formulación de propuestas de funcionamiento y mejora de la calidad del sistema, el intercambio de información y la creación de comisiones técnicas para la realización de estudios y planificación en materias concretas.

Para facilitar ese diálogo permanente y el consenso entre Generalitat, diputaciones provinciales y ayuntamientos, se crea el órgano de colaboración y coordinación interadministrativa en servicios sociales que contará con representantes de las tres administraciones.

En representación de la Generalitat, formarán parte la consellera o conseller competente en materia de servicios sociales, que actuará como presidenta o presidente; la secretaria o secretario autonómico competente en Planificación y Organización del Sistema, que actuará como vicepresidenta o vicepresidente, y la directora o director general competente en Gestión y Organización del sistema, que actuará como secretaria o secretario.

Por otra parte y en representación de las entidades locales, formarán parte una persona representante de cada diputación provincial, una persona representante de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y por las corporaciones locales serán representantes las personas responsables políticas con competencias en materia de servicios sociales distribuidas según su población.

Dirección y profesionales

El decreto también regula la coordinación en los equipos de servicios sociales de Atención Primaria de carácter básico con el desarrollo de una figura profesional de dirección, que ejercerá además las funciones de coordinación y supervisión de las actividades de los servicios sociales y todos sus recursos, asesorando además a los órganos de gobierno municipales.

Asimismo, se establece la creación de comisiones técnicas para realizar estudios y planificar materias para todos los municipios de la Comunitat Valenciana.

Por último, se regulan las funciones de los y las profesionales de los servicios de Atención Primaria, que estarán compuestos por el equipo de intervención social, unidades de igualdad, unidades de apoyo jurídico y unidades de apoyo administrativo.