El impacto de la crisis ha puesto de manifiesto de forma incontestable los efectos de los recortes salvajes (5.864 M€ recorte acumulado desde 2012) operados sobre el sistema de atención a la dependencia y que han provocado dispositivos residenciales y de atención domiciliaria escasos e insuficientemente dotados para afrontar el tsunami del Covid 19. Y, desgraciadamente, si nadie lo remedia, se volverán a hacer evidentes los efectos de esos mismos recortes en los próximos meses. 

Es imprescindible tomar medidas urgentes para no abandonar a las personas más vulnerables de nuestra sociedad en el laberinto burocrático que están atrapados y que los mantienen en el “limbo de la dependencia”, generando un sufrimiento terrible tanto a ellos como a sus familias. En España 85 personas en situación de dependencia fallecen al día sin recibir la prestación o servicio al que tienen derecho. Hay que tener en cuenta que el 54% de personas solicitantes tiene más de 80 años. Tremenda forma de reducir las listas de espera.

Además de exigir el cumplimiento del Pacto de Estado por la Dependencia, es preciso acometer reformas necesarias que impele la situación actual del estado de alarma. Es necesario simplificar los procedimientos, (informes, valoraciones, plan individual de atención y resoluciones) deben agilizarse y unificarse para dar respuesta inmediata en esta crisis, deben aplicarse medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento. Hay que avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones reconocidas.  

Hay que aplicar el silencio administrativo positivo a todos los procedimientos que afectan a las personas que se encuentran en el limbo de la dependencia, teniendo reconocido el derecho puedan optar a la prestación o servicio que les corresponda. De manera inmediata, a los 414.922 solicitantes que están pendientes del procedimiento hay que garantizarles cuando menos la teleasistencia, y a los 261.616 que están pendientes de la provisión del servicio hay que facilitar el acceso inmediato a las prestaciones según las previsiones de la desescalada buscando alternativas cuando la atención residencial o en centro de día no sea posible. 

Reanudar cuanto antes las valoraciones de dependencia (hay 153.306 pendientes) usando procedimientos seguros para usuarios y profesionales, así como la tramitación de expedientes, donde se haya paralizado.

Es preciso reorganizar el Servicio de Ayuda a Domicilio para ajustar con nuevas intervenciones a las personas beneficiarias y/o a otras nuevas usuarias. Es preciso asegurar la atención a las cien mil personas en situación de dependencia beneficiarias de centros de día hasta tanto se abran los centros.  Se debe modificar la Ley para permitir la compatibilidad de todas las prestaciones y servicios entre si (a excepción de las residencias).

Es imprescindible monitorizar los datos de las residencias para implantar un sistema de alerta temprana y seguimiento. Implantando un protocolo que garantice la atención sanitaria de los residentes desde los centros sanitarios públicos.  Además de promover el uso individual de habitaciones, también se debe procurar una organización de las residencias en función de las posibilidades arquitectónicas en unidades lo más reducidas posible en cuanto al número de usuarios con personal de atención directa estable.

Los servicios sociales son una inversión, imprescindibles para garantizar la atención digna a las personas más vulnerables de nuestro país, y más en estos momentos. El calado estratégico de la cuestión requiere poner manos a la obra cuanto antes.