El coronavirus ya ha dejado más de 3.400 muertos en las residencias catalanas, lo que supone más de un tercio de las muertes que esta enfermedad ha provocado en el territorio. Esta catástrofe seria más entendible si hubiese sido inevitable, pero no es el caso. 

En 2019 el sindicato de enfermería SATSE denunció en un estudio el grave déficit de enfermeros que sufren las residencias en España, con sólo 0,06 profesionales por cada cama, «haciendo imposible ofrecer una atención y curas con la seguridad y calidad que las personas grandes se merecen», denuncia el sindicato. 

Con la pandemia del Covid la capacidad en estos centros «no ha mejorado nada, incluso está peor», explica Rafael Ruiz Reina, responsable del sector sociosanitario de SATSE Catalunya, a CatalunyaPress.  

El personal de las residencias se ha visto empujado a una lucha que en muchas ocasiones no podían ganar, porque no tenían capacidad. Por este motivo ahora desde SATSE reclaman más profesionales para no repetir «errores del pasado». 

Del mismo modo, desde el sindicato piden que las instituciones hagan una «auditoría integral» para conocer la situación real que se vive en las residencias de Catalunya, con independencia de que sean públicas, privadas o concertadas. CatalunyaPress ha preguntado a la consellera y portavoz del govern, Meritxell Budó, si atenderían a las reivindicaciones del sindicato:

En la respuesta, la consellera remarca la diferencia entre las residencias de titularidad pública y privada, intentándose distanciar de lo que ocurre en los centros controlados por empresas . Desde el sindicato, admiten que las residencias públicas tienen mejores condiciones que las privadas: «Están en las antípodas», dice Rafael Ruiz Reina. 

El ratio de de enfermeros por cama es superior en las públicas y además, los profesionales están mejor pagados: «Mientras en una privada un enfermero cobra entre 1.200 y 1.300 euros, en las residencias de la Generalitat cobran 1.900«, afirma el representante de SATSE. 

El sindicato también denuncia prácticas abusivas hacia los empleados de los centros privados «Hay personal con Covid-19 que está recibiendo presiones para reincorporarse a riesgo de perder el trabajo», denuncian. 

Por este motivo, piden que la Generalitat intervenga el sector y establezca «un ratio por ley», para que tanto los centros públicos como privados deban cumplir con una serie de criterios que garanticen el bienestar de los ancianos. «De momento sólo hacen recomendaciones», señala Rafael Ruiz Reina.