La Fundación Edad&Vida, institución centrada en la búsqueda de soluciones para la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, tras la crisis desencadenada por la COVID-19 ha aprobado un posicionamiento para poner de manifiesto la necesidad de crear un nuevo modelo de atención sociosanitaria integrada, que sitúe a la gente mayor en el centro del sistema. Las principales asociaciones de personas mayores, CEOMA y UDP, que representan a más de dos millones de personas, han querido sumarse a esta reivindicación que pretende poner el foco en los derechos y necesidades de atención de las personas con pluripatología crónica o en situación de dependencia.

Tal como explica Joaquim Borrás, presidente de la Fundación Edad&Vida: “La crisis sanitaria provocada por la COVID-19, lejos de descubrirnos algo nuevo, ha evidenciado de forma descarnada las consecuencias de un modelo de atención que no se había adaptado adecuadamente a las necesidades de los mayores, dada la fragmentación del sistema y la escasa integración social y sanitaria”.

Las residencias en su origen nacieron para dar respuesta a problemáticas sociales de la persona mayor y de sus familiares, y lo hicieron como una alternativa al hogar. Nacieron para cuidar a los mayores, no para curar. Hasta ahora no han sido concebidas como un centro sanitario y menos aún, como un hospital. En cambio, tal como muestra el estudio “Perfil sanitario de las personas ingresadas en centros  residenciales”, presentado en 2015 por Edad&Vida, más del 75% de los usuarios de los centros residenciales para personas mayores tiene tres diagnósticos activos, el 66% toma más de 7 medicamentos cada día, el 18% ingresa con algún tipo de úlcera por presión, el 75% presenta algún tipo de incontinencia urinaria y el 45% está en una situación de dependencia total.

De esta forma se puede concluir que, en términos generales, la complejidad de las personas atendidas en los centros residenciales es elevada y poco diferenciada de los atendidos en centros hospitalarios de cuidados intermedios o sociosanitarios. Por tanto, como resultado, existen muchas personas mayores dependientes, con una alta carga de enfermedad, viviendo en residencias sociales no definidas para cubrir sus necesidades de salud, en cada momento. Por ello, las residencias deberán afrontar también un proceso de adecuación en el que, además de mantener y mejorar, si es posible, la atención social, deberán incrementar e integrar de manera realista la atención sanitaria que se presta a los residentes, pensando en las presentes situaciones de cronicidad. Debemos trasformar el sector residencial en una red que de forma integrada con la atención sociosanitaria, nivel independiente de la atención primaria y hospitalaria en el sistema nacional de salud, preste servicios de calidad con normas estrictas de calidad y acreditación revisables de manera periódica.

En esta misma línea, ya hace un año, en el marco del VII Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida organizado por Edad&Vida, desde la Fundación se reclamaba: la necesidad de reconocer que la asistencia sanitaria básica que se lleva a cabo, con mayor o menor intensidad en las residencias, no es suficiente y que debe reconocerse y conceptualizarse como un nivel asistencial diferenciado de la atención primaria y de la hospitalaria y, además, plenamente integrado en el Sistema Nacional de Salud; la creación de un marco estatal de acreditación social y sanitaria básico y común; y, por último, la necesidad de un nuevo modelo de financiación pública que contemple la carga sanitaria y social de los servicios prestados en las residencias, que contribuya a su vez a la dignificación del sector y de sus profesionales.

Además de la reconversión que deberán acometer las residencias, también hay que tener en cuenta la creciente tendencia entre las personas mayores a alargar el máximo de tiempo posible, aun en etapas de fragilidad, la vida en el domicilio familiar y en su entorno comunitario. Una tendencia que se incrementará en el futuro, a medida que los babyboomers se incorporen al colectivo de población de más de 65 años. En consecuencia, el domicilio familiar tendrá que dotarse de servicios integrados (atención domiciliaria sociosanitaria, integrada y de calidad) y soporte técnico (domótica y cualquier avance derivado de la tecnología y la digitalización) que permitan conciliar al máximo el binomio seguridad/intimidad.

Ahora más que nunca, en el marco de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica post COVID, tal como expone Joaquim Borrás: “Con independencia de la opción que cada persona adopte, vivir en el hogar de toda la vida, en residencias, u otras fórmulas más novedosas como el co-housing, desde Edad&Vida reclamamos que el Estado realice un uso eficiente de los recursos públicos, con una apuesta clara por fórmulas de colaboración público-privada. Un nuevo marco en el que se garantice una adecuada atención sociosanitaria, integrada con el Sistema Nacional de Salud, avalada por un sistema de acreditación homologado y transparente, que contemple la variabilidad de la carga de enfermedad y del nivel de dependencia, y que respete la voluntad de las personas mayores”.

Maria José Abraham, directora de La Fundación Edad&Vida, ha concluido: “Estamos centrados en promover soluciones para la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, por ello nuestra fundación está disposición de las administraciones públicas, sociedades científicas y de las compañías del sector, para convertirnos en un punto de encuentro y contribuir en el avance hacia nuevo modelo de atención sociosanitaria integrada en el Sistema Nacional de Salud”. 

Link de acceso al documento completo de posicionamiento de la Fundación Edad&Vida: