Todos los indicadores del Sistema de la Dependencia indican una caída estrepitosa, registrando unos valores muy inferiores a los de comienzos del año.

En lo que va de año, 24.554 personas fallecieron en las listas de espera de la dependencia. 17.139 en el «limbo de la dependencia» dependientes que se le había reconocido el derecho a una prestación y no se les atendió, y 7.415 que lo habían solicitado y ni si quiera se les valoró. 

164 personas fallecen al día en el laberinto burocrático de la ley dependencia. Se imponen medidas urgentes para no abandonar a las 404.159 personas dependientes que están a la espera de un procedimiento.

Según datos del Ministerio, las tasas de variación acumulada en lo que va de año son muy negativas registrando -34.668 solicitudes, -25.669 valoraciones, -15.889 beneficiarios con derecho a prestación pendientes de recibirla, y -11.715 beneficiarios con prestación. 

Sólo en dos Comunidades Autónomas han aumentado el número de solicitudes desde el estado de alarma en C. Valenciana (+5.203) y Canarias (+2.089). Y donde más han decrecido han sido en las comunidades de Castilla La Mancha (-4.719), La Rioja (-779) y C. de Madrid ( -8929).

Las valoraciones han disminuido en todas las Comunidades a excepción de Asturias (+775 resoluciones) y la C. Valenciana (+710). Donde más disminuyeron ha sido en Castilla-La Mancha (4.483), La Rioja (-779) y la C. Madrid (-8907).

Sólo en tres Comunidades aumentaron el número de personas con derecho en Asturias (+642), la C. Valenciana (+639) y Canarias (+65). En todas las demás disminuyeron, siendo las comunidades que más han caído las personas con derecho en La Rioja (-797), Castilla La Mancha (-4.076), Cantabria (-897) y c. Madrid (6.819).

Desde la última publicación realizada antes del estado de alarma, el número de beneficiarios se incremento en las comunidades de Canarias (+1.262), Illes Balears (+1.126), C. Valenciana (+4.680) Extremadura (+388), Murcia (+174) y Castilla León (+25). En el resto de comunidades no se mantuvo la tasa de reposición y donde más beneficiarios han disminuido han sido en La Rioja (-659), Cantabria (-1.159) y la C. Madrid (-9.003). 

Por tipo de prestación o servicio, la atención residencial es donde más ha disminuido, con una variación acumulada de -8%, con 13.740 residentes menos que a principio de año, en la ayuda a domicilio la variación acumulada ha sido de -2,7%, con 6.810 personas usuarias menos que en diciembre de 2019, y en los centros de día la variación ha sido de un -2,2% con 2.099 prestaciones menos que a principio de año.  Sólo estos datos hacen que se pierdan 10.000 puestos de trabajo.

Los fallecidos en la lista de espera. 17.139 personas han fallecido en lo que va de año que estaban pendientes de recibir la prestación o servicio a la que tenían derecho (3.243 personas fallecidas más que en el mismo periodo de 2019, lo que supone un aumento del 23,3%). A estas muertes hay que sumar 7.415 que han fallecido sin que ni siquiera se les valorase. 

Desde el inicio de año, fallecieron 83.823 dependientes que recibían alguna prestación o servicio. El 29,5% (24.698) de los beneficiarios fallecidos estaban en residencias, y el porcentaje ha ido aumentando con el transcurso del año, pasando del 24,4% de enero al 33% de abril y mayo. 

El 24,5% de los beneficiarios fallecidos tenían una prestación de cuidados familiares, aunque según ha ido transcurriendo el año2020 el porcentaje ha ido bajando del 30,7% de enero hasta el 20,0% en mayo. La misma tendencia ha tenido los beneficiarios de una ayuda a domicilio cuya media ha sido del 18,1%, y donde el porcentaje de abril y mayo ha sido inferior al del resto del año (16,2% y 15,1%, respectivamente).

Estos han sido los últimos datos por Comunidades Autónomas en lo que va de año de 2020.

 Beneficiarios pendientes prestación % de lista de esperaFallecidos en lista de espera 2020Fallecidos pendientes de valorar TOTALFallecidos en espera tramite  
TOTAL ESPAÑA253.96518,7%17.1397.41524.554
Andalucía72.20925,0%3.1731.9395.112
Aragón5.28013,9%431202633
Asturias (Princip.)5.92921,7%436366802
Balears (Illes)2.1758,8%268125393
Canarias8.16724,8%5206661.186
Cantabria4.120  19,8%24415259
Castilla y León4670,44%78652730
Castilla-La Mancha4.7937,4%578302880
Cataluña72.59531,3%4.8661.2546.120
C. Valenciana10.96510,4%1.1459912.136
Extremadura6.46418,9%514323837
Galicia6.3599,3%3887395
Madrid (Comun.)32.64219,5%2.856112.867
Murcia, Región de4.87212,0%262356618
Navarra (C.Foral)6464,6%8477161
País Vasco13.05216,4%1.0751221.197
Rioja (La)3.04228,6%2080208
Ceuta463,1%325
Melilla1429,5%10515

 Elaboración propia. FUENTE: IMSERSO. Datos SISAAD. La inmensa mayoría de los fallecidos estaban fuera de plazo para concesión de la prestación.

Estos datos ponen de manifiesto de forma incontestable los efectos de los recortes salvajes (5.864 M€ recorte acumulado desde 2012) operados sobre el sistema de atención a la dependencia e impelen a que se tomen medidas urgentes para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables de nuestro país.

El gobierno de España debe cumplir con lo acordado en el pacto de Estado por la Dependencia y la reunión de Presidentes Autonómicos (2017) e incrementar de manera urgente y sin esperar a los PGE la financiación de la Dependencia en 1.500 millones de euros, (lo que permitiría atender a la lista de espera y crear 70.000 nuevos puestos de trabajo. Además de modificar la ley para permitir la compatibilidad de las prestaciones e incrementar las intensidades.  A la vez que sin un incremento significativo de la financiación es imposible también hacer ninguna mejora en la atención residencial

Los Gobiernos Autonómicos deben acometer reformas necesarias que agilicen los trámites. Es necesario simplificar los procedimientos, (informes, valoraciones, plan individual de atención y resoluciones) deben agilizarse y unificarse para dar respuesta inmediata en esta crisis, deben aplicarse medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento. Hay que avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones reconocidas.  

Los servicios sociales son una inversión, imprescindibles para garantizar la atención digna a las personas más vulnerables de nuestro país, y más en estos momentos. El calado estratégico de la cuestión requiere poner manos a la obra cuanto antes. De no hacerlo serán responsables del sufrimiento y desatención de todas las personas del limbo de la dependencia, especialmente de las 164 personas que fallecen cada día a la espera de algún procedimiento de la Ley de Dependencia.