El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el real decreto ley que sentará las bases que regirán en la nueva normalidad hasta que concluya la crisis sanitaria. El texto, impulsado por el Ministerio de Sanidad y el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, mantiene la obligatoriedad de las mascarillas en la vía pública, en espacios al aire libre y en espacios cerrados de uso público o que se encuentren abiertos al público, así como en los transportes, “en condiciones económicas no abusivas”, añade, “siempre y cuando no se pueda garantizar la distancia mínima de 1,5 metros”.

El real decreto recoge la declaración expresa del Covid-19 como enfermedad de declaración obligatoria urgente. Se introduce, además, el deber de las comunidades de suministrar información cuando se produzcan situaciones de emergencia para la salud pública, para garantizar la adecuada coordinación entre las autoridades sanitarias y reforzar el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud (SNS). Además, deberán continuar facilitando los datos necesarios para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica del coronavirus, así como la situación de la capacidad asistencial y necesidades de recursos humanos y material.

Los servicios de salud garantizarán que, en todos los niveles de la asistencia, y de forma especial en la atención primaria, se le realizará a todo caso sospechoso una prueba diagnóstica por PCR u otra técnica de diagnóstico molecular. Esta acción se llevará a cabo “tan pronto como sea posible desde el conocimiento de los síntomas, y que toda la información se transmita en tiempo y forma”, ha comentado Salvador Illa, ministro de Sanidad, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Los servicios de salud garantizarán que, de forma especial en la atención primaria, se le realizará a todo caso sospechoso una prueba diagnóstica por PCR

Las comunidades deberán velar por garantizar un número suficiente de profesionales involucrados en la prevención y control de la enfermedad, su diagnóstico temprano, la atención a los casos y la vigilancia epidemiológica, así como crear planes de contingencia para asegurar una respuesta rápida y coordinada.

En cuanto a los centros residenciales de personas mayores o con necesidades especiales, las administraciones competentes deberán garantizar la coordinación de estos centros y disponer de planes de contingencia por Covid-19 orientados a la identificación precoz de posibles casos entre residentes y trabajadores, y sus contactos.

Asimismo, el real decreto incorporará las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de mascarillas quirúrgicas, geles hidroalcohólicos y otros productos sanitarios necesarios para la protección de la salud.

El stock o las cantidades suministradas de los medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria tendrá que ser comunicado a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) para garantizar en todo momento su abastecimiento. Cuando exista una situación de excepcionalidad sanitaria o cuando la situación de vulnerabilidad del paciente lo requiera, las regiones podrán establecer las medidas oportunas para la dispensación de fármacos de forma no presencial.