El duro golpe que ha supuesto para las residencias de ancianos la afectación del coronavirus no ha hecho sino poner de manifiesto lo que muchos familiares de internos llevan denunciando durante años. Las condiciones de higiene y los cuidadosque reciben los pacientes están muy por debajo de lo que se debe esperar en residencias de este tipo.

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Las denuncias por el caos que se ha vivido en muchas residencias de propiedad pública, aunque algunas de ellas de gestión privada, han llevado a la Coordinadora Residencias 5+1 a interponer varias denuncias para exigir las responsabilidades que correspondan por la forma en que se ha gestionado la pandemia en muchos de los centros.

María José Carcelén, portavoz de la  Coordinadora Residencias 5+1, defiende que el caos vivido en los últimos meses se veía venir. «Puede que haya a algunas personas que esto les haya sorprendido, pero nosotros llevamos varios años exigiendo responsabilidades por lo que está pasando en muchas residencias, por la dejadez y el trato irresponsable que se da a muchos ancianos», dice.

La Coordinadora, formada por familiares de residentes en estos centros que trabajan para promover los cambios necesarios que permitan mejorar la calidad de vida de los mayores, ha interpuesto varias denuncias y esperan que la fiscalía actúe para descubrir la verdad. «Lo que queremos es que la fiscalía investigue. Nuestras denuncias no van contra nadie en particular ya que no sabemos quiénes son los responsables, pero alguien debe aclarar lo que ha ocurrido y por qué ha ocurrido», asegura María José.

Afirma, sin ninguna duda, que ha habido instrucciones para que no se llevara a los hospitales a los enfermos y que a los familiares se les ha ocultado mucha información de lo que ha ocurrido en el interior de las residencias. «Queremos saber qué ha pasado en las residencias y por qué se han tomado unas decisiones determinadas», dice. 

«Ahora se está intentando hacer un lavado de imagen, pero esperamos que a la fiscalía todo esto no le afecte y llegue hasta el final. Los familiares merecen saber qué ha pasado ya que se ha dejado morir a ciudadanos de pleno derecho».

Los familiares se quejan de la falta de información que les han ofrecido desde los centros y aseguran que en muchos casos se ha llegado a la ocultación de lo que les estaba ocurriendo a sus familiares, insisten en la creencia de que a muchas personas se las ha dejado morir en condiciones indignas por la falta de personal y de las herramientas adecuadas para trabajar, y defienden que deben ser las administraciones públicas las que garanticen y supervisen estos servicios esenciales.

Por el momento, los componentes de la Coordinadora, como muchas otras familias que tienen a sus mayores alojados en las residencias, mantienen su firme postura de acudir a los tribunales y las denuncias por la caótica gestión que se ha llevado a cabo en las residencias.

Pero insisten en que el problema no es nuevo, que las administraciones lo conocen desde hace tiempo y hasta ahora no han movido un dedo. Exigen que se dé un giro de 180 grados a la gestión de las residencias de ancianos para evitar que en el futuro se repitan situaciones críticas como las que se han vivido en los últimos meses.