Directores, trabajadores y usuarios de residencias piden «blindar» los centros de mayores de la Comunidad para evitar que se repita la situación vivida en los tres últimos meses, «los peores» de cuantos recuerdan. Las residencias se han convertido en protagonistas involuntarias de la pandemia. En Aragón, al menos 760 de los 911 fallecidos, un 83,4% del total, vivían en una. Tanto es así que un estudio de la Deusto Business School sitúa a la Comunidad en los primeros puestos del ‘ranquin’ nacional de víctimas mortales en estas instalaciones.

Por este motivo, unos y otros instan a la DGA a aprovechar que Aragón, al igual que el resto de comunidades, ha salido del estado de alarma y que las estadísticas han mejorado para comprar equipos de protección individual «suficientes», reforzar la formación y adecuar las ratios. El Gobierno de Aragón asegura trabajar ya en medidas a corto, medio y largo plazo. Según el director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Joaquín Santos, el Ejecutivo ha efectuado ya una compra estratégica de material que garantizará reservas para «varias semanas o meses».Habrá, asimismo, tres centros covid, uno por provincia, que se mantendrán «de retén» para activarse en cuestión de horas en caso de rebrote.

Para Jesús Cubero, secretario general de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia, durante la crisis ha habido dos grandes fallos comunes a la mayor parte de las comunidades autónomas. «La voz de alarma se dio tarde y la coordinación sociosanitaria fue muy mejorable», sintetizó. En adelante, será «vital» que se avise cuanto antes ante los primeros contagios y se disponga de suficientes test. En esta línea, Paquita Morata, gerente de la Asociación Aragonesa para la Dependencia, cree necesario que se hagan pruebas periódicas cada 15 días a residentes y trabajadores.

El colectivo suscribe íntegramente el decálogo del Círculo Empresarial de Atención a Personas, en el que se insta a identificar una persona que ejerza de enlace entre Atención Primaria y las residencias y a establecer un protocolo con un reparto de las funciones que corresponden a cada una de las partes. También urge unas «pautas unificadas de información» y aumentar la financiación pública para mejorar las ratios. 

El escenario ahora, aseguró Morata, es de «calma tensa», ya que directores y trabajadores son conscientes de que el coronavirus «puede volver a entrar en cualquier momento». «Ahora estamos más preparados. Hay EPI, se están ultimando planes de contingencia, se ha depurado el sistema informático y existe una mayor coordinación con Sanidad. Creemos, no obstante, que con los centros de Atención Primaria abiertos, el planteamiento debería ser distinto. Necesitamos médicos y enfermeras que se desplacen a los centros«, manifestó.

Para Rut Benito, enfermera en una de las residencias de la capital, estos tres meses han sido «bastante duros». «Al principio no se daba abasto para dar comidas, suministrar medicinas… Al agotamiento físico se unió la carga emocional. Ha sido muy difícil ver morir a personas sin que pudieran despedirse de sus seres queridos», afirmó. Auxiliares de enfermería como María José Cervero han tenido que hacer turnos de hasta 12 horas «para que entrase el menor personal posible» y evitar así contagios. «La gente no esperaba que esto fuese a tener esta magnitud. Los trabajadores hemos acabado saturados, y ahora viene el ‘postcovid’«, recordó.

Apertura de servicios al entorno

El Gobierno de Aragón diseñará junto a los agentes implicados el nuevo modelo residencial. Será un trabajo que comenzará esta legislatura y que, según el director gerente del IASS, podría prolongarse durante años. El planteamiento de la DGA parte de que las residencias sigan siendo centros de convivencia y no medicalizados y, como idea «embrionaria», estudiará a largo plazo que las del medio rural abran sus servicios terapéuticos, de lavandería o comedor al entorno y a no residentes.