La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar identificó a diario el riesgo de infección por coronavirus de todas las personas usuarias y de la plantilla de los centros residenciales de la red pública y privada, los equipamientos para menores y los destinados a personas con discapacidad: 23.055 en total.

Esta medida facilitó que, ante un caso positivo de covid-19 o una sospecha por síntomas compatibles con la enfermedad, se habilitase de inmediato el sistema de alerta temprana, con el fin de tomar decisiones ágiles y adecuadas, según las directrices de Salud Pública. Este procedimiento, en el que también se incluyó a las residencias privadas, minimizó el impacto del virus en el ámbito residencial de Asturias.

La consejera Melania Álvarez ha facilitado hoy estos datos en la Junta General, durante su comparecencia en la comisión especial no permanente de estudio de la gestión de la crisis sanitaria, social y económica provocada por la covid-19. 

“El sistema asturiano de servicios sociales ha dado la talla. Han pasado más de 4 meses desde el decreto del estado de alarma y cada día estamos más convencidos del acierto de los diferentes gobiernos progresistas de Asturias al apoyar la inversión en el mantenimiento del estado de bienestar”, ha afirmado.

Colectivos en riesgo de exclusión

Álvarez ha repasado todas las actuaciones impulsadas por su departamento desde marzo para minimizar el impacto de la covid-19 en todos los centros residenciales que dependen de la consejería y entre las personas sin techo. “El principal objetivo siempre ha sido el mismo: no bajar la guardia en la protección”, ha resaltado.

También ha recordado que en este contexto se puso en marcha el grupo de acción social, en el que participan, junto con la consejería, la Delegación del Gobierno en el Principado, el Servicio de Emergencias (Sepa), Protección Civil, la Federación Asturiana de Concejos y Cruz Roja. La función de este órgano, según ha detallado la consejera, se centró en prestar apoyo a personas sin hogar y a otras vulnerables que viven solas y carecen de red de apoyo, además de coordinar las acciones de voluntariado. 

Durante su intervención, la titular de Derechos Sociales ha anunciado que su equipo trabaja ya en colaboración con los ayuntamientos para implantar nuevos programas de acceso a la vivienda especialmente orientados a colectivos vulnerables, como las víctimas de violencia de género y trata, personas sin techo, jóvenes extutelados y exreclusos.

Plan de choque en el ámbito de la dependencia

Por otra parte, la consejera ha informado de que el plan de choque puesto en marcha en septiembre de 2019 para terminar con la lista de espera en el ámbito de la dependencia ha permitido que, pese a las dificultades derivadas del estado de alarma, desde esa fecha hasta ahora el sistema haya pasado de atender a 21.324 personas a prestar servicio a 22.828. De esta forma, entre septiembre del año pasado y este mes, se han incorporado al sistema 1.504 personas.

“Este avance no habría sido posible si no hubiéramos continuado con la ejecución de las medidas del plan de choque, adaptándonos a las nuevas circunstancias del teletrabajo y abordando una eficiente reasignación de funciones”, ha agregado.