Según el estudio ¿Estamos preparados para el Covid?, la mitad de las comunidades autónomas de España siguen sin estar preparadas para afrontar rebrotes. De hecho, una de las principales conclusiones del mismo es que las CCAA reconocen que la pandemia es un problema de SANIDAD, pero no protegen a las personas más vulnerables ni a los profesionales ante los rebrotes. De hecho, en 8 de las regiones las competencias de las residencias, antes en los Servicios Sociales, han sido derivadas a los departamentos de Salud, lo que demuestra esta realidad.

Andalucía, Asturias, Castilla y León, Cantabria, C. Valenciana y País Vasco son las únicas comunidades autónomas donde las competencias aún no han sido derivadas a Sanidad.

Pascual tras asistir al Consejo General del Imserso, la presidenta de CEAPs, ha señalado la realidad que se esconde tras el hecho de que no se prioriza la atención a las personas mayores: se desconoce si han llegado o llegarán los fondos no reembolsables anunciados por el Gobierno a las CCAA para que éstas puedan llevar a la práctica los planes y protocolos preparados para estar mejor preparados ante la Covid.

Según Pascual, “si la Covid es una enfermedad y como tal es tratada por Sanidad la financiación para tratar a las personas viva en su casa o en una residencia debería estar aquí incluida y por lo tanto llegar en el primer bloque”. 

El documento que es fruto de un trabajo de documentación realizado por los miembros de la organización con el que se ha pretendido analizar la situación de las Comunidades Autónomas tras pasar las fases más duras de la pandemia y destaca también la disparidad de criterios. Algo que “no es nuevo en un sistema de Dependencia que no cuenta con una financiación finalista y clara y que otorga diferentes derechos dependiendo de donde se resida”. 

Por otro lado, del informe sorprende el hecho de que las residencias sí tengan un Plan de Contingencia establecido individual adaptado a las características de cada centro y que cada Comunidad Autónoma no tenga criterios comunes. Además, explicaba que “es importante señalar que al igual que el Covid-10, este informe no entiende de figura jurídica, la realidad afecta tanto a centros públicos como privados o concertados”, puntualizaba la presidenta del CEAPs recordando además que el 70 por ciento de las plazas son de financiación pública en España a través de la Ley de Dependencia.

“Hemos realizado este informe tras varias reuniones internas y ver la disparidad de criterios para responder ante la pandemia. Es necesario dar respuesta a las carencias y para eso hay que saber qué es lo que se está haciendo y qué mejorar. Nuestro objetivo siempre ha sido y es el de colaborar y ser agentes del cambio”, explica Cinta Pascual.

ANDALUCÍA El presente informe da a conocer la evolución de las actuaciones en las 17 comunidades autónomas tras la vuelta a la normalidad y analizar cómo están preparadas las diferentes regiones para los posibles brotes que ya se están produciendo.

En esta comparativa real vemos como las administraciones se han adaptado a la situación vivida en los meses más duros de la crisis sanitaria, lo que arroja la conclusión de que Andalucía se encuentra a la cola de este ranking junto a Galicia, Madrid, Extremadura, Asturias, Aragón y Navarra.

Andrés Rodríguez, presidente del Círculo Empresarial de Cuidados a Personas en Andalucía (CECUA), resalta que “la disparidad de criterios entre comunidades autónomas crea situaciones discriminatorias entre los ciudadanos, debe mejorar la coordinación y la financiación para suprimir esta situación”.

CECUA pide hechos, para contar con más recursos humanos, materiales y, sobre todo, económicos. En esta línea desde la patronal se ha solicitado al gobierno de la Junta de Andalucía que el 25% del Fondo Social Extraordinario se destine al sector de la dependencia con carácter finalista, dado que el objeto de este fondo es hacer frente a situaciones extraordinarias y de emergencia derivadas de la COVID-19, siendo las personas mayores los más vulnerables en la superación de la pandemia.

Con la finalidad de mejorar las condiciones de los gestores y profesionales, se ha solicitado por escrito reunión con Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, y las consejerías de Hacienda, Salud y Asuntos Sociales.

EPIS Y PCR. La disparidad de criterios se manifiesta en la dotación a los centros de equipos de protección y de test. Si bien hay comunidades como Cantabria, Cataluña o Castilla La Mancha que los facilitan a personas usuarias o profesionales, otras regiones como País Vasco o Comunidad Valenciana sólo los entregan a los segundos y otras Madrid, Galicia, Aragón o Andalucía a ninguno de los implicados. Destaca el hecho de que Castilla y León que sí las suministró hasta junio, dejase de hacerlo en ese momento dejando a las entidades la responsabilidad de dotarse porque sí lo establece por Ley.

En el caso de los PCR sí hay algo que comparten todos los territorios: los reingresos o nuevas altas en residencias, así como la contratación de nuevos profesionales no puede realizarse sin haberse realizado un test con anterioridad, en un plazo máximo de 3 días. Pero lo que sí varía es quién se hace cargo de estos PCR ya que hay regiones en las que nadie los financia dejando en un limbo a las personas mayores que quieren y/o necesitan vivir en un centro especializado.