El presidente de la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, Joan Ruiz, ha hecho un llamamiento para “repensar” el modelo de residencias de personas con discapacidad y mayores tras la situación que se ha vivido en ellas durante la pandemia de COVID-19.

“Si hay que repensar las residencias de mayores, también las de personas con discapacidad. Por ejemplo, se está hablando mucho de que tiene que haber servicios de atención primaria adecuados en las residencias de mayores, pues exactamente igual en las de personas con discapacidad”, afirma el diputado socialista en una entrevista con la publicación Cermi.es semanal’. Se puede acceder a todos los contenidos de la edición 402 de este boletín en este enlace.

Ruiz lamenta las dificultades que ha provocado la pandemia en el trabajo de la comisión parlamentaria que preside, aunque recuerda que en septiembre termina el plazo de enmiendas para la modificación de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, en la que se incluirá la regulación de la accesibilidad cognitiva, clave para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, y que el propio diputado reconoce que en España es un tema en el que “estamos muy atrasados”.

También resalta que desde esta comisión se trabaja de forma transversal con otras comisiones de la Cámara Baja cuando tratan asuntos que afectan a la discapacidad. Este es el caso de la Comisión de Justicia, que tramita la reforma del Derecho Civil para pasar del modelo de incapacitaciones a otro basado en la provisión de apoyos para la toma de decisiones, al tiempo que debate también la reforma del Código Penal para erradicar las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad.

El parlamentario socialista critica el retraso en la reforma de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia para acabar con los actuales criterios de copago, una cuestión sobre la que el CERMI presentó una iniciativa legislativa popular (ILP) hace cuatro años, tras haber recabado la firma de 740.000 personas. En su opinión, “no puede ser que esos copagos sean una barrera” para acceder a medicamentos y otros servicios de apoyo. “Eso no nos lo podemos permitir”, sentencia.

Asimismo, para avanzar hacia la plena inclusión social, destaca la relevancia de garantizar la accesibilidad universal en entornos, bienes y servicios, ya que “la discapacidad no puede ser un impedimento para que una persona acceda a lo que accede cualquier otro ciudadano”. 

Igualmente, indica que “el empleo es otra cuestión importante”, por lo que aboga por que la discapacidad esté presente en la negociación del nuevo Estatuto de los Trabajadores, al tiempo que sostiene que “la inspección de trabajo tiene que hacer más de lo que hace en el cumplimiento de la reserva de empleo para personas con discapacidad en las empresas”.

AISLAMIENTO DE LAS PERSONAS SORDOCIEGAS

Por otra parte, en la última edición de la publicación semanal del CERMI de la temporada, hasta septiembre, se incluye un artículo de opinión del presidente de la Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas de España(FASOCIDE), Francisco Javier Trigueros, en el que la entidad repasa las principales reivindicaciones de esta parte de la ciudadanía. 

“La mayor demanda que cualquier persona sordociega puede expresar para su día a día es con respecto al aislamiento que encuentra en la sociedad actual. El mundo llega a través del tacto, a través de las manos, y sin los recursos humanos que faciliten este acceso, se encuentran privadas del derecho a la igualdad y al acceso a la información y a la comunicación”, explica Trigueros.

Además, alerta de que esta situación se ha visto agravada durante la pandemia de COVID-19, por lo que reclama que “las administraciones proporcionen los recursos necesarios para garantizar el servicio de guías-intérpretes, y no depender de subvenciones de convocatoria anual”.

Otras peticiones de FASOCIDE son garantizar la accesibilidad en la atención sanitaria; luchar contra la invisibilización social de las personas sordociegas; aprobar una ley sobre este sector social para que se atiendan sus necesidades específicas, y crear un censo que recoja datos de todas las personas sordociegas en España.

ACCIDENTES DE TRÁFICO

Cermi.es semanal’ contiene también un artículo de José Pérez Tirado, abogado representante de asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico, en el que expone algunas de las reivindicaciones del movimiento CERMI para la mejora de los derechos e indemnizaciones de las víctimas de estos siniestros.

Entre ellas, sobresale eliminar los actuales topes existentes para ayudas destinadas a rehabilitación o cambio de prótesis y otros apoyos que necesite la persona lesionada; incremento de las compensaciones económicas cuando la persona afectada tenga que abandonar su actividad laboral, y mejora en los apoyos, como horas de asistencia personal, cuando el afectado en un accidente adquiera daño cognitivo o neuropsicológico.

Para finalizar, la publicación repasa la actualidad sobre discapacidad de la última semana y recoge un reportaje sobre el primer ciclo ‘No estás sola’, una iniciativa de CERMI Mujeres con la que, desde la entidad, se ha impulsado la participación y el acompañamiento de las mujeres y niñas con discapacidad, madres y cuidadoras, durante la pandemia, mediante el abordaje cada semana de un tema concreto distribuidos en 14 webinarios, que volverán a retomarse tras el mes de agosto.

Durante estos encuentros, que han llegado a congregar cada miércoles a más de 200 mujeres inscritas de España, de otros países europeos y de Latinoamérica, se trataron asuntos como las diferentes formas de violencia machista que sufren las mujeres con discapacidad; los abusos; el derecho a la maternidad y a la atención sanitaria; las dificultades en el mercado laboral; las necesidades de las cuidadoras; la discriminación por discapacidad y orientación sexual; la ruralidad; el acceso a las nuevas tecnologías; los abusos; la vida en prisión, y el VIH, entre otros.