La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha acordado con la Diputación de Alicante «la financiación y sostenibilidad del sistema público de servicios sociales» a través de la puesta en marcha de infraestructuras y la formación de los profesionales de estos equipos, todo ello en el marco de la Ley de Servicios Sociales Inclusivos impulsada por Igualdad. 

Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, tras la reunión que ha mantenido este martes con el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, para firmar este acuerdo que lo ha calificado como «histórico» porque después de 3 décadas «pondrá orden en el sistema de servicios sociales de la provincia». 

La vicepresidenta ha explicado que el objetivo es tener un sistema ordenado de derechos «iguales en todo el territorio», de manera que se cuente con las mismas ratios de personal y las mismas prestaciones «independientemente» del municipio donde se resida. 

Esto será posible, ha indicado Oltra, gracias al contrato-programa que entrará en vigor en enero de 2021 con una duración de cuatro años y que ordenará los sistemas de financiación del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales con convenios interadministrativos, dando estabilidad a las plantillas de los equipos de atención primaria y de centros y recursos municipales.

De esta forma, entre el 70 y el 100% de todos los municipios de Alicante con menos de 10.000 habitantes entrarán en el sistema del contrato programa a través de la Diputación de Alicante, y la Generalitat se ocupará de los municipios con más de 10.000 habitantes. 

Esto supondrá que, progresivamente y a medida que la Generalitat vaya asumiendo las competencias impropias que tiene actualmente la Diputación, «se vaya incrementando la ratio por habitante hasta alcanzar lo que marca la ley para la provincia» ha destacado la vicepresidenta.

En este sentido Oltra ha recordado el refuerzo que se ha realizado en los últimos cinco años en la plantilla de los profesionales de los equipos de atención primaria básica y específica, pasando de 152 profesionales en 2015 a los 875 actuales en la provincia de Alicante, «lo que ha permitido pasar de una ratio de 12.174 habitantes por cada profesional a 2.181 habitantes por profesional este año», acercándose a las ratios establecidas en sanidad o educación. 

Plan de infraestructuras

El acuerdo firmado por ambas instituciones recoge también que tanto la Generalitat como la Diputación de Alicante «fomentarán» la construcción y reforma de centros de atención primaria específica y atención secundaria de acuerdo con el Mapa de Necesidades y el Plan de Infraestructuras de Servicios Sociales. 

La vicepresidenta ha señalado que para ello se contará con la colaboración «a tres bandas» entre la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento o Mancomunidad correspondiente, a través de convenios de colaboración que establezcan la participación de cada institución en la financiación del proyecto, y que se fijarán de manera conjunta en las mesas técnicas de coordinación y cooperación Social entre la Generalitat y la Diputación Provincial de Alicante.

Se trata, ha puntualizado la vicepresidenta, de «tres niveles administrativos trabajando para el bien común que ordene, dignifique y refuerce el sistema de servicios sociales».