CEAPs pide considerar “cuestión de Estado” la seguridad de residentes y trabajadores en residencias de mayores. El Círculo Empresarial de Atención a las Personas considera que el sector residencial se ha mostrado especialmente vulnerable al coronavirus, principalmente por la población a la que atiende.

Esta petición que hace CEAPs al Gobierno se relaciona con la realización de pruebas PCR en residencias de mayores. Y es que existe disparidad de competencias en función de la Comunidad Autónoma de que se trate: en algunas, como Cataluña, Extremadura o Navarra, la realización de estas pruebas es responsabilidad del sistema sanitario. Pero en otras, como Madrid o Asturias, no, por lo que son los propios centros los que ponen en marcha programas de detección del coronavirus en sus plantillas, en caso de hacerlo.

La patronal residencial asegura que el Plan de Respuesta Temprana elaborado por el Gobierno y las Comunidades Autónomas establece que será el sistema sanitario el encargado de garantizar la capacidad de detección del virus en laboratorio en caso de recrudecimiento de la pandemia. Por ello, hace un llamamiento a “actuar de manera previa para evitar justamente la saturación” del sistema. “Si se toman medidas de manera inmediata, se evitará que se reproduzcan los meses más duros de la pandemia”, aseguran desde CEAPs.

CEAPs pide considerar “cuestión de Estado” la seguridad en residencias de mayores frente al coronavirus

En este sentido, se pide que existan “garantías y criterios únicos” que aporten seguridad al sector, ya que “no solo se trata de un asunto de seguridad laboral, sino también para proteger a todas las personas que viven en los centros”, destacan en el Círculo Empresarial de Atención a las Personas.

El sector, además de pedir que estas medidas se hagan extensibles a la totalidad de los servicios que comprende la Atención a la Dependencia, reclama conocer si parte de los fondos europeos para la reconstrucción se destinarán a preparar mejor a estas empresas y a sentar las bases para mejorar un sistema infradotado e infrafinanciado.

“Si el COVID es una enfermedad que amenaza la salud pública de todos y como tal es tratada por Sanidad, la financiación para tratar a las personas, ya vivan en su casa o en una residencia, debería estar prevista en dichos fondos, incluso con carácter finalista”, explica Cinta Pascual, presidenta de CEAPs.

Además, añade, el 70 % de las plazas residenciales de España son públicas y están financiadas a través de la Ley de Dependencia, lo que refuerza la idea de que el Sistema Nacional de Salud destine fondos, materiales y esfuerzos para reforzar al sector residencial frente a una seria amenaza que no solo pone en jaque su normal funcionamiento, sino que pone en peligro la salud de sus trabajadores y la supervivencia de sus usuarios.