Los recortes realizados en políticas sociales a partir del año 2010 y que fueron especialmente drásticos en 2013, condujeron a que en ese año 2013 se registrase el nivel más bajo en gasto autonómico en servicios esenciales (sanidad, educación y servicios sociales), con menos de 100.000 millones de euros. Desde el año 2014 y hasta el 2018 se han ido registrando aumentos en los presupuestos liquidados del conjunto de las comunidades autónomas llegando a los 116.860 millones de euros en el presupuesto liquidado de 2018. Sin embargo, la tendencia se ha roto en el presupuesto definitivo de 2019 que ha caído un 0,1% respecto al gasto 2018.  

        La recuperación del gasto en políticas sociales es aún deficitaria, tras 10 años presupuestarios, el gasto en políticas sociales de 2019 (116.850,5M€) aún está por debajo del de 2009 (116.851,7M). La ausencia de presupuestos generales del estado ha lastrado la tendencia de recuperación del gasto en políticas sociales poniéndola en grave peligro.  

Los servicios públicos esenciales en precario para abordar la crisis social y sanitaria del COVID-19 

         La crisis sanitaria y social provocada por el COVID-19 ha redundado en la demostración de la importancia de la inversión en los servicios públicos esenciales de sanidad, educación y servicios sociales. Sin embargo, hemos podido observar la evidencia de que éstos corrían el riesgo, no ya de estancamiento, sino de vuelta al deterioro. Cuando se tendría que haber aplicado la mejora de la situación económica al restablecimiento de los mismos nos encontramos que no ha sido así y con estos servicios públicos esenciales debilitados hemos tenido que afrontar esta crisis social y sanitaria. La pregunta sería cómo hubiéramos abordado la crisis del COVID-19 con unos presupuestos autonómicos con unos servicios esenciales fuertes, en los que la inversión hubiera sido superior y no hubieran sufrido los recortes de la crisis anterior.