Elena Carrascosa, presidenta del Colegio de Podólogos de Castilla-La Mancha, ha asumido hoy la Presidencia del Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos, que representan a 7.500 profesionales de la Podología. Sustituye a José García Mostazo, que ha presidido la organización podiátrica colegial los últimos ocho años. Su candidatura ha sido proclamada al ser la única presentada a las elecciones.

Su candidatura combina experiencia y renovación. Junto a Carrascosa, se incorporan como vicepresidenta Rosario Correa, presidenta del Colegio de Andalucía, y como secretario Juan Dios, del Colegio de Galicia. Otras tres personas continúan de la anterior Junta: Marcos Villares, presidente del Colegio de La Rioja, como tesorero, y dos vocales: Pedro Villalta, decano del Colegio de Madrid, y Manel Pérez, presidente del Colegio de Cataluña.

Junto a García Mostazo dejan la Junta, Rafael Navarro, presidente del Colegio de Aragón y hasta ahora secretario y Maite García, presidenta del Colegio de la Comunidad Valenciana y secretaria general de la Federación Internacional.

Esta mañana se ha celebrado la última Junta directiva del equipo saliente, la primera del equipo entrante y la Asamblea en la que el resto de miembros de otros 8 Colegios han participado de forma virtual.

Se trata de un relevo tranquilo que da continuidad a la gestión del anterior equipo e incorpora personas para dar un nuevo impulso a la institución. A muy corto plazo, el 8 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional de la Podiatría, la nueva Junta se enfrenta a la organización del I Congreso Internacional Virtual Monográfico de Podología/Podiatría. Según la nueva presidenta, Elena Carrascosa, “los tres principales retos a los que se enfrenta la futura Junta de Gobierno son una mayor incorporación de la Podología a la Sanidad pública, la lucha contra el intrusismo y seguir fomentando la extensión de cirugía a todas las clínicas podológicas”.

El equipo de Carrascosa también se propone “dar más visibilidad al colectivo y promocionar la profesión así como mejorar las condiciones laborales y económicas de los profesionales que trabajan con  aseguradoras y mutuas”.