La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha explicado que la mitad de los cerca de 11 millones de euros que el Consell va a destinar al sector residencial por el impacto que ha tenido la pandemia serán para compensar el esfuerzo de personal y gratificar a los trabajadores y trabajadoras que han estado en primera línea.

Así lo ha manifestado la vicepresidenta durante la sesión de control en Les Corts, donde ha respondido a una pregunta del grupo parlamentario Ciudadanos sobre las medidas adicionales que está adoptando el Consell en las residencias de mayores, ante los posibles rebrotes que se prevén para otoño.

En su intervención, la vicepresidenta ha defendido que su departamento está trabajando desde que se decretó la pandemia por la COVID-19 en «prevenir» el contagio del virus y en «atender» a las personas y colectivos más vulnerables, entre los que se encuentran las personas mayores.

Oltra ha insistido en que, desde el primer momento, desde la Conselleria de Igualdad se han implementado medidas para «evitar que la emergencia sanitaria se convierta también en una emergencia social, tanto para las personas como para las entidades y empresas», dando una respuesta «adecuada» a las nuevas situaciones de vulnerabilidad.

En este sentido, ha recordado que el Consell va a destinar cerca de 11 millones de euros al sector residencial de la Comunitat Valenciana, y ha concretado que la mitad de estos fondos se destinarán a compensar el esfuerzo de personal. 

Asimismo, ha indicado que otra parte de esta subvención se utilizará para que las empresas puedan adquirir material, como televisores o tabletas, que sirvan para aliviar la situación de aislamiento que se viven en muchos de estos centros, donde debido a la vulnerabilidad de sus residentes tienen medidas más estrictas para evitar la entrada del virus.

Oltra ha señalado que entre las medidas que tiene previstas su departamento para luchar contra la segunda oleada de la pandemia también contempla un plan de choque que incluirá la contratación de 29 profesionales que se dedicarán a agilizar la gestión de aquellos asuntos relacionados con la pandemia, así como la contratación de 12 nuevos inspectores e inspectoras para reforzar esta labor.

La equiparación salarial del personal sociosanitario de los centros públicos para igualarlos al personal profesional de Sanidad es otra de las propuestas planteadas por la vicepresidenta, quien ha indicado que esta medida beneficiará a 56 médicos y médicas y a 184 enfermeros y enfermeras a partir del año próximo. 

Entre las propuestas de futuro también ha indicado la puesta en marcha de un Plan de Infraestructuras, con ayuda de fondos europeos, que permitirá «avanzar mucho más en los nuevos modelos residenciales» que a su juicio son «el mejor camino para evitar las consecuencias dramáticas de pandemias como la que estamos viviendo». 

Medidas contra la COVID

La vicepresidenta ha hecho un recorrido por las medidas recogidas en la última resolución publicada por Igualdad y en la que se establece el plan de actuación en las residencias de personas mayores dependientes, centros de día, viviendas tuteladas y centros de personas mayores, con «nuevas medidas» como la realización de pruebas PCR a las personas trabajadoras que se incorporan al puesto de trabajo después de permisos, vacaciones o situaciones similares.

Oltra ha indicado que ahora también se realiza un registro de las personas ajenas que entran a un centro residencial, la disposición de medidas de aislamiento que permitan actuar en caso de brotes y se hacen pruebas PCR a las personas que ingresas o reingresan en las residencias.

A su juicio, estas medidas han permitido que el número de centros residenciales con casos confirmados de COVID-19 ha pasado de 57 a 27 en el último mes, un descenso del 52,6 por ciento, y que en estos momentos hayan únicamente 6 centros residenciales bajo vigilancia activa de control sanitario.

En este aspecto, también ha querido resaltar que mientras las personas con positivos en la población general han aumentado en un 175 por ciento desde julio, en el caso de los centros residenciales ese crecimiento ha sido 8 veces inferior, según los datos de la Conselleria de Sanidad Pública y Salud Universal. 

Planes contingencia

La vicepresidenta también ha apuntado entre las medidas puestas en marcha contra la COVID-19, la obligación de los centros residenciales de presentar un plan de contingencia ante la crisis, y ha informado de que hasta el momento lo han presentado 306 residencias y 121 centros de día.

En el caso de los centros residenciales, ha indicado que hay 15 que todavía no lo han hecho, a pesar de que el plazo de presentación finalizó el pasado 31 de julio, y ha advertido de que si no atienden al requerimiento hecho por su Conselleria estarán cometiendo una falta grave según el decreto que establece un régimen sancionador específico contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de las medidas contra la COVID-19.