Se recuperan los recortes del año 2012 en dependencia, y se reinicia la implementación de la Ley. Tal y como establece el Plan de choque y el pacto de Estado por la Dependencia la lista de espera debe ser la prioridad. La media de espera en España es de 15 meses, pero es más del doble o llega hasta dos años en algunas comunidades, y solo en tres comunidades es inferior a 6 meses.  

Los incrementos presupuestarios deben ir acompañados de algún sistema que comprometa a las comunidades autónomas a reducir su lista de espera. Financiar sin comprometer a los gestores autonómicos es exponerse a mejorar las arcas de las consejerías de hacienda sin que se traduzca en incrementos reales de cobertura, o a seguir maquillando las listas de espera (Limbo), con servicios low cost.  

También es preciso, acometer reformas en la normativa nacional y autonómica para permitir la compatibilidad de las prestaciones e incrementar las intensidades, agilizar los trámites, simplificar y unificar los procedimientos. Regular el copago y la Prestación Vinculada al Servicio.  

Los gobiernos autonómicos que invierten por debajo de la media nacional deberán incrementar su presupuesto propio para evitar esa desigualdad territorial en el desarrollo del Sistema de la Dependencia. Las nueve comunidades que este año han disminuido en número de beneficiarios, deben recuperar esa tasa de reposición y se deben ocupar las 15.000 camas en centros residenciales que han quedado vacías desde el inicio de la pandemia, máxime cuando hay 95.915 personas con grado III y II, en el limbo de la dependencia. 

De la misma manera que se ha evidenciado la importancia de la atención primaria en salud, los servicios sociales municipales son la primera línea de protección social y deben articular respuestas ágiles a la crisis social. El incremento presupuestario del Plan Concertado estima en la memoria económica de los PGE que el incremento de personas usuarias se duplique, llegando a 12.577.500 usuarios previstos en 2021. Para ello, sería necesario que las Comunidades Autónomas y Entidades Locales también incrementaran presupuestos para prestaciones básicas. Casi 1.000 millones de euros es el coste anual de esta red. La AGE pasara de financiar de un 2,9% a un 10%. Más de 60.000 profesionales de atención primaria de servicios sociales deben garantizar las prestaciones básicas a las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Es necesario simplificar procedimientos burocráticos complejos y establecer la prescripción social facultativa.  

Ya tenemos más presupuesto, ahora hacen falta menos procedimientos.