Aerte ha criticado que la decisión de Igualdad de obligar a reservar al menos un 10% de las plazas en residencias para posibles aislamientos supondrá no poder utilizar 3.000 puestos cuando “se necesitan al menos 22.000 más” y además ha advertido de que esta “imposibilidad de nuevos ingresos puede bloquear algunas camas hospitalarias que se liberan mandando a los mayores a los centros, lo que aumentará aún más la presión asistencial”.

Así, el presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana, José María Toro, ha mostrado su oposición a esta medida, recogida en la resolución que regula los centros para personas mayores publicada la semana pasada en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, porque supondrá la pérdida de 3.000 plazas.

Al respecto, ha señalado que el informe ‘Situación y evolución de los servicios residenciales para personas mayores en España y en cada una de las Comunidades Autónomas (2010 / 2019)’ de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales en recogía el déficit de casi 22.000 plazas en la Comunitat Valenciana, lo que la sitúa con el segundo ratio más bajo tras Murcia. “Y lo que es peor, en 2019 hay 149 plazas menos que el año anterior y 494 menos que en 2010”, ha apuntado.

Asimismo, ha afirmado que esta decisión “va en contra” de lo que se había acordado con las entidades que operan en este ámbito en las anteriores regulaciones de mayo y agosto y “modifica el criterio sin contar con el sector”.

En ese sentido, ha aclarado que el sector “no ha cuestionado la necesidad de llevar a cabo los aislamientos en los centros pero ha defendido la posibilidad de hacerlo mediante la reubicación de las personas residentes, o mediante espacios comunes adaptados, lo que permite mantener las plazas y la capacidad de atención del centro”.

“La dependencia no se para por el COVID19. Esto va a provocar una mayor dificultad para atender a personas dependientes que necesitan estos centros, ya que reduce el número de plazas de la Comunitat Valenciana en casi tres mil plazas cuando ya cuenta con uno de los ratios más bajos de España”, ha insistido.

Del mismo modo, ha lamentado que la resolución también prohíbe los nuevos ingresos en centros que se encuentren en zonas de alerta 3, actualmente el 85% de la población de la Comunitat Valenciana, aunque no tengan brotes abiertos salvo emergencia social indicada por la VICIPI.

Por contra, la patronal se ha mostrado favorable a que estos centros puedan hacer nuevos ingresos para asegurar estos servicios a las personas que lo necesiten, como se estaba haciendo hasta ahora, con PCR negativa y aislamiento preventivo de diez días, lo que “permite mantener un nivel de seguridad adecuado”.

VACUNACIÓN PARA AYUDA A DOMICILIO Y VIVIENDAS TUTELADAS

Por otro lado, también ha planteado la necesidad de ampliar la campaña de vacunación e incluir a todas las viviendas tuteladas de atención a salud mental y, en el supuesto de las personas con dependencia atendida en sus domicilios, a los profesionales que les prestan servicio en sus propias casas.

“Si en residencias y en centros de día se va a vacunar a los residentes y al personal, creemos que en el caso de los servicios de ayuda a domicilio y en las viviendas con apoyo debe hacerse de la misma manera para proteger la salud de los más vulnerables”, ha apostillado Toro.