En la gran crisis social que vive nuestro país es imprescindible ayudar a las familias que peor lo están pasando, para que puedan cubrir, al menos, sus necesidades más básicas. Según el INE, 3.309.566 personas sufren actualmente en España graves carencias materiales, con los indicadores europeos (Tasa AROPE) 12.481.792 de españoles se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social. 4.680.672 de españoles viven en hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo (los miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% de su capacidad de trabajo). 9.928.699 de españoles viven en riesgo de pobreza (con ingresos por debajo del 60% de la renta mediana disponible, 9.009 €/año para hogares de una sola persona)

El Ingreso Mínimo Vital (IMI) y las ayudas de emergencia social que ofrecen las entidades locales, fundamentalmente ayuntamientos, son los recursos que tienen estas familias para cubrir estas necesidades tan básicas.

Ya hemos denunciado reiteradamente el entramado burocrático, innecesario y cruel, que dificulta a cientos de miles de familiar que lo necesitarían, percibir el IMI, de manera que sólo llega a 260.000 hogares en los que viven más de 680.000 personas, frente a los 850.000 hogares que el propio Ministerio consideraba como potenciales perceptores

De la misma manera, los presupuestos municipales para atender las necesidades más básicas (alimentación, vestido, alquiler, suministros del hogar…) de las familias más vulnerables, se han incrementado hasta un 30% en algunos casos, pero los procedimientos burocráticos y la rigidez de las intervenciones municipales han imposibilitado el acceso y, por tanto, la eficacia de las ayudas. Hay ayuntamientos que pueden tardar casi dos meses a dar una ayuda de urgencia social y las trabas a la hora de justificar en las intervenciones son dificultosas a la vez que humillantes.

La estricta interpretación de la norma que considera estas ayudas como subvenciones, es una de las causas de esta situación, por lo que urge modificarla o interpretarla de manera menos rigurosa.

Algunas comunidades autónomas han incrementado esta financiación con procedimientos paralelos y contradictorios para sortear las dificultades burocráticas impuestas por la interpretación de la Ley de Subvenciones por la Intervención General. 

Por su parte, el Ministerio de Derechos Sociales ha incrementado en 2021 el presupuesto del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales hasta cien millones de euros (el mayor de la historia), con lo que las entidades locales pueden incrementar sus ayudas de emergencia social, pero siete meses después todavía no se ha distribuido ese crédito, por lo que no se puede utilizar.

Pensando en la angustiosa situación de las familias y personas gravemente afectadas por la actual crisis económica consecuencia de la pandemia, consideramos que corresponde al Gobierno adoptar medidas efectivas para que puedan recibir las ayudas necesarias con la inmediatez que su situación requiere. Y para ello proponemos:

1º. Para que las intervenciones municipales no dificulten la ejecución de las ayudas de urgente necesidad es imprescindible y urgente modificar la norma para que queden exceptuadas de la Ley General de Subvenciones, incluyéndolas en su Art. 2.4, todo tipo de Ayudas de Emergencia Social, sea cual sea la causa y sus efectos.

2º. La Intervención General de la Administración del Estado debería enviar una instrucción a los interventores municipales para que agilicen las ayudas económicas de urgencia. 

En definitiva, planteamos la necesidad de derogar el procedimiento administrativo que hace que las ayudas de emergencia social sean tratadas como cualquier subvención (incluso millonaria) a una entidad, y vincular su concesión y pago a procedimientos ágiles basados en la prescripción social facultativa del profesional de referencia de los Servicios Sociales municipales. ¿Se imaginan que la prescripción de un facultativo de la sanidad fuese sometida a estos procedimientos y que las prestaciones del Sistema de Salud tuvieran la consideración de subvenciones? Los pacientes morirían esperando la aprobación del interventor y del procedimiento administrativo.

Dificultades materiales graves de las familias en España 2021. ECV, INE

Más de tres millones de españoles  carecen de al menos cuatro conceptos de los siguientes: 

  • No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días.
  • No pueden mantener su vivienda con una temperatura adecuada.
  •  No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 650 euros).
  • Ha tenido retrasos en el pago de la vivienda (hipoteca o alquiler, luz gas…) o en compras a plazos en los últimos 12 meses.
  • No puede permitirse disponer de un automóvil teléfono, televisor. O lavadora.
  • No les alcanza para una semana de vacaciones al año fuera de casa.

Ayudas de emergencia social de las entidades locales. 2020

  • 867.063 prestaciones de emergencia social han entregado los servicios sociales 
  • 184 € es la media por prestación
  • 160 millones de euros destinaron en 2020 las entidades locales en ayudas a personas que carecen de recursos básicos
  • 4 € por habitante y año es lo que supone esta cuantía

LAS CIFRAS DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA EN ESPAÑA Y POR CC.AA.

Las Administraciones Públicas dedican 4 euros por habitante al año para ayudas de emergencia social.

891.140 prestaciones de ayudas de emergencia social con un gasto promedio de 184 euros al año y un presupuesto de 160 millones en los últimos datos oficiales publicados (año 2018) en los que las comunidades de Extremadura y Castilla La Mancha no aportan datos. Navarra y País Vasco no participan de las estadísticas del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales.

Sólo 2 de cada 100 habitantes de España ha recibido una ayuda de urgencia. Y nada más que el 7% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España se beneficia de las ayudas de urgencia.

Las Comunidades de Castilla y León (648€), Cantabria (431€), y Asturias (429€) son las que mayor ratio presentan. La Rioja (10€) y Madrid (81€) son las que menos cuantía conceden. 

Las Comunidades que más invierten por habitante al año en ayudas económicas de urgencia social son: Asturias (9,66€), C. Valenciana (5,83€), y Canarias (5,12€). Y las que menos invierten La Rioja (0,34€) y Madrid (0,72€) 


Estimando con datos presentados en la memoria del Plan concertado de 2018 en España en relación con las personas que viven en el umbral de la pobreza ofrece este panorama

CUADRO DE DATOS UTILIZADOS

HABITANTESRENTA MEDIA POR HOGARTASA RIESGO POBREZA*HABITANTES EN RIESGO DE POBREZAPERCEPTORES
RENTAS
2020MÍNIMAS
Total Nacional47.279.51730.69018,68.771.809684.636
Andalucía8.464.41125.90924,42.065.31675.539
Aragón1.329.39131.52914186.11531520
Asturias, Princip. de1.018.78428.28421,4218.02034.821
Balears, Illes1.171.54333.11516,1188.61826.428
Canarias2.175.95225.85528609.2677.344
Cantabria582.90530.30914,282.77312.849
Castilla y León2.394.91829.12513,4320.91930.007
Castilla – La Mancha2.045.22126.72220,2413.13510.246
Cataluña7.780.47935.03015,71.221.535108.001
Comunitat Valenciana5.057.35327.94822,21.122.73243.365
Extremadura1.063.98722.25028,1298.98020.136
Galicia2.701.81927.86218,2491.73127.538
Madrid, Com. de6.779.88837.05113,8935.62591.076
Murcia, Región de1.511.25126.92520,4308.29515.479
Navarra, Com. Foral de661.19737.7289,663.47535.899
País Vasco2.220.50437.5989199.845111.318
Rioja, La319.91432.09614,245.4283.070
HABITANTES A 1/1/2020 (datos obtenidos en julio de 2021)
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=2915
RENTA MEDIA POR HOGAR CON ALQUILER IMPUTADO 2020
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=9949
TASA RIESGO DE POBREZA 2020 Con alquiler imputado y renta año anterior a la entrevista 
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=9963   
PERCEPTORES DE RENTAS MINIMAS     
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/ServiciosSociales/RentasMinimas/Informe-RRMM-2019-Provisional.pdf
HABITANTESHABITANTES EN RIESGO DE POBREZAGASTO EN AYUDAS DE URGENCIAGASTO POR HABIT /AÑO
Total Nacional47.279.5178.771.809159.485.686,463,37
Andalucía8.464.4112.065.31639.143.986,204,62
Aragón1.329.391186.1152.386.700,001,80
Asturias, Princ. de1.018.784218.0209.840.474,119,66
Balears, Illes1.171.543188.6183.358.239,212,87
Canarias2.175.952609.26711.130.578,525,12
Cantabria582.90582.7732.647.650,324,54
Castilla y León2.394.918320.9196.914.248,722,89
Castilla – La Mancha2.045.221413.135 
Cataluña7.780.4791.221.53533.927.994,374,36
Comunitat Valenciana5.057.3531.122.73229.508.259,345,83
Extremadura1.063.987298.980 
Galicia2.701.819491.73110.433.581,553,86
Madrid, Com. de6.779.888935.6254.852.292,780,72
Murcia, Región de1.511.251308.2955.233.809,923,46
Navarra, Com. Foral de661.19763.475 
País Vasco2.220.504199.845 
Rioja, La319.91445.428107.871,420,34
DATOS DEL PLAN CONCERTADO 2018 En el caso de Aragón se toman los datos de 2017 por ausencia de los de 2018
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/ServiciosSociales/docs/MemoriaPlanConcertado2018_19.pdf
GASTO POR HABIT EN SIT. POBREZAHABITANTESHABITANTES EN RIESGO DE POBREZAGASTO EN AYUDAS DE URGENCIAGASTO MEDIO POR PRESTACION
Media Nacional18,1841.288.6088.771.809159.485.686183,94
Andalucía18,958.464.4112.065.31639.143.986177,64
Aragón12,821.329.391186.1152.386.700224,95
Asturias, Princip. de45,141.018.784218.0209.840.474429,32
Balears, Illes17,801.171.543188.6183.358.239202,55
Canarias18,272.175.952609.26711.130.579121,76
Cantabria31,99582.90582.7732.647.650430,51
Castilla y León21,552.394.918320.9196.914.249648,31
Cataluña27,777.780.4791.221.53533.927.994136,84
Com. Valenciana26,285.057.3531.122.73229.508.259260,50
Galicia21,222.701.819491.73110.433.582314,99
Madrid, Com. de5,196.779.888935.6254.852.29380,88
Murcia, Región de16,981.511.251308.2955.233.810231,33
Rioja, La2,37319.91445.428107.8719,46
DATOS DEL PLAN CONCERTADO 2018
https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/ServiciosSociales/docs/MemoriaPlanConcertado2018_19.pdf

Propuesta de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 38/2003 DE 17 DE NOVIEMBRE GENERAL DE SUBVENCIONES PARA LA CONFIGURACIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS A PERSONAS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EMERGENCIA Y/O EXCLUSIÓN SOCIAL.

Las Comunidades Autónomas ostentan en España las competencias en materia de Asistencia Social y Servicios Sociales. Todas ellas, en el desarrollo legislativo de esta competencia, las han asumido en sus respectivos Estatutos de Autonomía y han realizado el despliegue normativo necesario a través de las respectivas Leyes Autonómicas de Servicios Sociales. En todas ellas se establecen como prestaciones básicas de los Servicios Sociales diversas modalidades de prestaciones económicas, en ocasiones garantizadas y en otras, supeditadas a la limitación presupuestaria establecida en los presupuestos anuales.

Por otra parte, las Corporaciones Locales que ostentan la competencia (L 7/85 de BRL) del nivel primario de atención en el Sistema de Servicios Sociales  han ejercido tales competencias con la participación financiera de la Administración Autonómica y de la Administración General del Estado desde 1988 (Plan Concertado). En el desarrollo de tales competencias y en función del imprescindible carácter de proximidad que ha de tener el nivel primario del Sistema, las Entidades Locales han venido recogiendo en la Política de Gasto 231 de sus presupuestos partidas económicas destinadas a la cobertura de necesidades básicas bien para el mantenimiento de la convivencia familiar, bien para facilitar la integración social, bien para atender situaciones de emergencia. 

La situación social provocada por la epidemia del coronavirus en la fase de la situación de alarma decretada por el Gobierno de España y, sobre todo, en las posteriores fases una vez superada la emergencia sanitaria, ha provocado y provocará que muchas personas y familias de alta vulnerabilidad se vean necesitadas de atención prioritaria por parte del Sistema de Servicios Sociales para poder cubrir las necesidades básicas de alimentación, energía doméstica, atención a las necesidades de los menores, mantenimiento de la vivienda, etc.

El RDL 8/2020 estableció en su Artículo 1 la disposición de fondos extraordinarios por parte de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales para atender, entre otras, este tipo de necesidades a través de los Servicios Sociales. Concretamente en lo que respecta a las Entidades Locales, incorporando dichos fondos extraordinarios en sus respectivos presupuestos en la Política de Gasto 23 “Servicios Sociales y Promoción Social”. 

La situación de emergencia por la que atraviesa el País y lo perentorio de las necesidades a cubrir, obligan a las administraciones y, sobre manera, a las Entidades Locales, a establecer la gestión de estos fondos con los procedimientos más ágiles posibles utilizando fórmulas de ejecución del gasto basadas en la prescripción facultativa de los profesionales de los Servicios Sociales de referencia para cada familia y la justificación a posteriori de los mismos.

La encuesta de condiciones de vida de 2020, publicada por el INE el pasado día 15 de julio, nos dice que el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE) en España aumentó al 26,4%, desde el 25,3% de 2019. Asimismo, el 7,0% de la población se encontraba en situación de carencia material severa, frente al 4,7% del año anterior. Estamos lejos de cumplir con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Hasta la fecha, por parte de la mayoría de los departamentos de intervención de las Entidades Locales, la concesión de prestaciones económicas a familias en los conceptos más arriba indicados, se vienen conceptuando como “subvenciones” personales y por tanto se les viene aplicando la Ley 38/2003 General de Subvenciones que establece por tales (Art. 2.1.) los siguientes: 

Se entiende por subvención, a los efectos de esta ley, toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta ley, a favor de personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos: 

  1. Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios. 
  2. Que la entrega esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la concurrencia de una situación, debiendo el beneficiario cumplir las obligaciones materiales y formales que se hubieran establecido. 
  3. Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una finalidad pública.”

El mismo artículo, en sus apartados 2, 3 y 4 establece las excepciones a esta conceptualización y, entre ellas, no figuran las prestaciones económicas a individuos y familias en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social de los Servicios Sociales y sí lo hace respecto de otras prestaciones de otros sistemas de protección social.

Esta circunstancia viene ocasionando que dichas prestaciones, hasta la fecha, en muchas Entidades Locales, se ejecuten con largos y lentos procedimientos administrativos y con aplicación de requisitos que establece la misma Ley 38/2003 que hacen, en la práctica, en muchas ocasiones que no se puedan atender debidamente y con la inmediatez y agilidad que las situaciones a las que se dirigen requieren, fundamentadas en el diagnóstico y la prescripción de los facultativos del Sistema.

Si esta situación viene siendo una auténtica losa para la efectividad en el cumplimiento de sus responsabilidades para los Servicios Sociales (la crisis de estos años lo ha puesto meridianamente en evidencia) hacer frente a la situación actual y la más que previsible intensificación y aumento de las situaciones de necesidad que provocará en los próximos meses y años, será materialmente imposible con la agilidad, inmediatez y proximidad necesarias.

Por todo ello, es imprescindible que se establezca la modificación del Artículo 2 de la mencionada Ley 38/2003 en su Apartado 4 para añadir la conceptualización de las ayudas económicas de las Entidades Locales a individuos y familias en situación o riesgo de exclusión social como prestaciones económicas de los Servicios Sociales y no como subvenciones.

En virtud de esta modificación dicho apartado 4 debería recoger el siguiente literal:

Artículo 2

4. No tienen carácter de subvenciones los siguientes supuestos:

  1. Las prestaciones contributivas y no contributivas del Sistema de la Seguridad Social.
  2. Las pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los españoles no residentes en España, en los términos establecidos en su normativa reguladora.
  3. También quedarán excluidas, en la medida en que resulten asimilables al régimen de prestaciones no contributivas del Sistema de Seguridad Social, las prestaciones asistenciales y los subsidios económicos a favor de españoles no residentes en España, así como las prestaciones a favor de los afectados por el virus de inmunodeficiencia humana y de los minusválidos.
  4. Las prestaciones a favor de los afectados por el síndrome tóxico y las ayudas sociales a las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C reguladas en la Ley 14/2002, de 5 de junio.
  5. Las prestaciones derivadas del sistema de clases pasivas del Estado, pensiones de guerra y otras pensiones y prestaciones por razón de actos de terrorismo.
  6. Las prestaciones reconocidas por el Fondo de Garantía Salarial.
  7. Los beneficios fiscales y beneficios en la cotización a la Seguridad Social.
  8. El crédito oficial, salvo en los supuestos en que la Administración pública subvencione al prestatario la totalidad o parte de los intereses u otras contraprestaciones de la operación de crédito.
  9. Las prestaciones económicas del Sistema de Servicios Sociales de Comunidades Autónomas y Entidades Locales a individuos y familias en situación  o riesgo de emergencia y/o exclusión social.