Ante la nueva subida del SMI anunciada por el Gobierno desde laAsociación de empresas del Sector de los Servicios Personales y Domésticos queremos incidir en la necesidad de medidas de apoyo a las familias que permitan impulsar la contratación laboral dentro de la legalidad en el sector.

Desde el Gobierno se persigue el objetivo de acercar gradualmente los salarios a las demandas de convergencia de la UE, con nuevas subidas escalonadas del Salario Mínimo Interprofesional, que cuenta con una gran acogida y de la que, no obstante, no podemos obviar el hecho de que debe ser asumible, en el caso de nuestro sector especialmente, directamente por las familias empleadoras y su ajustado presupuesto.

Así, nos encontramos con que la necesidad de conjugar la legalidad y calidad del empleo, unos salarios dignos y el bienestar de los trabajadores y trabajadoras del sector, con la capacidad adquisitiva de las familias que tienen en su entorno familiar a personas mayores, enfermas, con discapacidad, o con cualquier tipo de dependencia y que puedan acceder a estos servicios de manera asequible con todas las garantías de seguridad y calidad.

Nos encontramos así ante la importante cuestión de ver en qué medida esta nueva subida, sin una política complementaria que acompañe el coste añadido para las familias, va a suponer la oportunidad para, en su mayoría trabajadoras, del sector, de mejorar su situación salarial o si, por el contrario, frustrará estas legítimas aspiraciones y pasarán o seguirán en la economía sumergida.

Así proponemos que esta subida de salario se compense con un incremento de las deducciones en el IRPF, bonificaciones en las cotizaciones sociales, o prestaciones sociales a las que las familias se puedan acoger.

Porque el mayor freno a que no se esté dando un mayor número de altas dentro del sector es, entre otras, la imposibilidad por parte del presupuesto de muchas familias, de contratar legalmente un mayor volumen de horas que necesitarían. Así el número de afiliados a la Seguridad Social en ese mes de agosto se sitúa en 381.737 afiliadas, cifra que no consigue aumentar, e incluso decrece desde la entrada en vigor en el año 2012 del Real -Decreto por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, a pesar de ser en un sector que está destinado a un gran crecimiento en creación de empleos, por las características y necesidades de nuestra sociedad.

Cuando disminuir el número de horas no es posible, dado los requerimientos en cuidados del usuario, si pensamos en el caso de mayores, por ejemplo, son los hijos quienes van a asumir este sobrecoste, mermando así su capacidad adquisitiva en sus hogares, lo que convierte a esta medida en algo inasumible para los usuarios, si no va acompañado de un apoyo en forma de ayudas que les alivie la carga y así puedan hacer frente al aumento de los costes del servicio.

No se trata pues de no abordar este aumento salarial, sino de encontrar soluciones para el sector de los servicios asistenciales y domésticos que acompañen igualmente en el acceso a estos servicios a las personas que los necesitan, incide Javier Benavente, Presidente de la patronal AESPD, tal como se hace en países de nuestro entorno, como el caso de Francia que desde la entrada en vigor en 2005 de la llamada ley Borloo el desarrollo de este sector se ha conseguido a través de incentivos tanto fiscales, como de bonificaciones sobre las cotizaciones sociales y herramientas como el cheque servicio, que han propiciado un incremento en la recaudación para las arcas públicas, dado la salida al mercado oficial de un gran número de empleos como por la creación de nuevas iniciativas empresariales, al tiempo que ha permitido el acceso a estos servicios a muchos usuarios, que hasta entonces no tenían acceso, e influyendo a la vez en la igualdad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres, pues lo cuidados y tareas del hogar siempre han recaído, y sigue siendo así, fundamentalmente en la mujer.

Igualmente, es de gran importancia impulsar medidas para que los empleados y empleadas del sector doméstico puedan tener un mayor acceso a la formación y a los certificados de profesionalidad de servicio doméstico que hoy prácticamente están en desuso, en este afán de potenciar la profesionalización que perseguimos en el sector.

Así, desde la AESPD pedimos al Gobierno que contemple medidas que apoyen tanto la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, evitando que se engrose la economía sumergida que sufre este sector, como el poder adquisitivo de las familias quienes son directamente afectadas por los costes salariales, impulsando así un sector esencial y aportando soluciones a las demandas en bienestar de nuestra sociedad.