Teniendo en cuenta el incremento estimado para 2021 y un incremento de 600 millones para 2022, la evolución de la aportación de la Administración General del Estado al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en términos absolutos sería: 

La cuantía de nivel acordado 2021 asciende a 283.197.419 euros sin considerar la Comunidad Foral de Navarra y ni el País Vasco. La cuantía de nivel mínimo 2021 se basa en la estimación recogida en el Anexo 3 al Acuerdo para la puesta en marcha del Plan de Choque en Dependencia en 2021. La cuantía de financiación estatal 2022 contempla una subida de 600 millones de euros respecto a las cifras estimadas para 2021 

433.000 personas se encuentran en las listas de espera de la dependencia. Tal y como establece el Plan de choque y el pacto de Estado por la Dependencia la lista de espera debe ser la prioridad. La media de espera en España es de 15 meses, pero es más del doble o llega hasta dos años en algunas comunidades autónomas.  

La siguiente prioridad debe ser, mejorar la calidad y la intensidad de las atenciones. El gasto medio por persona beneficiaria durante 2020 descendió a 7.991 euros, y se aprecian grandes diferencias entre unas comunidades autónomas y otras. 

Los incrementos presupuestarios deben ir acompañados de algún sistema que comprometa a las comunidades autónomas a reducir su lista de espera y mejorar la idoneidad de las atenciones. Financiar sin comprometer a los gestores autonómicos es exponerse a mejorar las arcas de las consejerías autonómicas de hacienda sin que se traduzca en incrementos reales de cobertura, o a seguir maquillando las listas de espera (Limbo), con servicios low cost. Cuatro comunidades han disminuido en 2020 respecto a 2019 el gasto anual invertido en la atención a personas en situación de dependencia: Cantabria, Madrid, Castilla La Mancha y La Rioja 

También es preciso, acometer reformas en la normativa nacional y autonómica para permitir la compatibilidad de las prestaciones e incrementar las intensidades, agilizar los trámites, simplificar y unificar los procedimientos. Regular el copago y la Prestación Vinculada al Servicio. Los gobiernos autonómicos que invierten por debajo de la media nacional deberán incrementar su presupuesto propio para evitar esa desigualdad territorial en el desarrollo del Sistema de la Dependencia.  

Escenario de incrementos de financiación en 2022: 

Nivel mínimo de protección: 400 millones 

Nivel acordado: 200 millones 

Financiación autonómica: 400 millones (iguala el incremento de nivel mínimo) 

El número de personas que podrían atenderse durante un año completo (desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre) en función del gasto promedio anual por persona beneficiarias que se deduce del gasto anual certificado por las comunidades autónomas en 2020 y con un reparto de la financiación estatal que corresponde a los datos provisionales publicados por el IMSERSO en agosto 2021 se muestra en la siguiente tabla: 

Comunidad Autónoma Personas beneficiarias atendidas en un año 
Andalucía  31.289  
Aragón  3.840  
Asturias, Principado de  2.644  
Balears, Illes  2.175  
Canarias  2.757  
Cantabria  2.279  
Castilla y León  15.024  
Castilla-La Mancha  7.189  
Cataluña  16.711  
Comunitat Valenciana  7.569  
Extremadura  2.709  
Galicia  10.940  
Madrid, Comunidad de  17.066  
Murcia, Región de  3.868  
Navarra, Comunidad Foral de  843  
País Vasco  3.135  
Rioja, La  1.035  
TOTAL  131.072  

Ya tenemos más presupuesto, ahora hacen falta reducir los tiempos de gestión y aumentar el compromiso. Es necesario simplificar procedimientos burocráticos complejos y establecer la prescripción social facultativa.