La falta de personal sanitario hace imposible cumplir las ratios exigidos por el Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales en las residencias de personas mayores

El decreto de 126/2019 de 30 de julio que regula los centros residenciales para personas mayores en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, cuyos requisitos en materia de personal entraron en vigor el pasado 9 de setiembre, dice en su artículo 29 que: “…el centro residencial facilitará el acceso a la atención sanitaria, respetando la elección efectuada por las personas usuarias. En cualquier caso, se deberá́ garantizar que todas las personas usuarias reciban la atención sanitaria necesaria por medios propios o ajenos”.

La atención sanitaria que los centros deben garantizar viene regulada en el mismo decreto, donde se establece el número de profesionales de atención directa, por cada una de las categorías con los que cada centro debe de contar. A modo de ejemplo, en una residencia de 100 plazas, junto con otros profesionales, las entidades gestoras deben contar 3,2 ATS/DUEs a jornada completa, y un Médico/a con un 90% de jornada.

En aplicación del mencionado decreto 126/2019, a diferencia de la población vasca que vive en su domicilio y que tiene derecho a ser atendida en su centro de salud, las personas mayores que viven en residencias tienen que ser atendidas por profesionales contratados por las entidades privadas gestoras de residencias que se ven obligadas a competir con la sanidad pública, en desigualdad de condiciones, por atraer profesionales. 

En el mes de octubre del pasado año, las patronales vascas ya alertaron al departamento de políticas sociales del Gobierno Vaco y al departamento de acción social de la Diputación Foral de Bizkaia de que para las residencias vascas, al igual que ocurre en todo el estado, resulta imposible encontrar en el mercado laboral profesionales sanitarios que quieran trabajar en el sector.

Pero este problema no afecta sólo a las residencias vascas. Como hemos sabido estos días, la sanidad pública tampoco cuenta con profesionales suficientes, y ha lanzado una oferta de contratos de larga duración para tratar de captar profesionales.

Además de la merma de la calidad en la atención a las personas usuarias que supone la falta de profesionales, a los gestores les preocupa, y mucho, la inseguridad jurídica y las consecuencias legales que puedan traer acarreadas para las residencias el incumplimiento de este requisito. Las entidades gestoras llevan años recurriendo, sin mucho éxito, a captar profesionales sanitarios/as de diferentes comunidades y de otros países, ante la ausencia de demandantes en Lanbide, y en los colegios profesionales.

ELBE, GESCA y LARES quieren alertar también de que esta escasez de profesionales sanitarios, que se ha hecho más patente durante la pandemia, es un problema que se va a agravar en los próximos años ya que las nuevas promociones no podrán garantizar el relevo generacional en la sanidad pública, y mucho menos la cobertura de nuevas necesidades de personas mayores en centros residenciales.

Por esa razón, las patronales vascas del sector de la atención residencial vuelven a solicitar a las instituciones que tomen medidas como la derogación del requerimiento de profesionales sanitarios a las residencias, garantizando la atención desde el sistema público, y que se incremente la oferta formativa en estas titulaciones.

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