Autonomía personal y salud, los gastos que merman el poder adquisitivo de las personas con discapacidad

Entre los conceptos principales de gasto motivado por discapacidad destacan los relacionados con la autonomía personal y con el cuidado de la salud. Las ayudas técnicas, las adaptaciones y los gastos para sufragar la asistencia personal, los tratamientos médicos, terapéuticos, y rehabilitadores y los fármacos se llevan una parte importante del presupuesto.

La Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD 2020) proporciona una estimación directa del gasto motivado por la discapacidad que realizan los hogares españoles basada en una muestra suficientemente significativa de casos. 

Según  estos datos,  recogidos por Odismet, el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo, de Fundación ONCE (https://www.odismet.es/), cofinanciado por el Fondo Social Europeo, por orden de importancia en el 41,4% de las personas estudiadas el gasto que más afecta a sus bolsillos es el de los medicamentos, seguido del que se ven obligados a emplear en las ayudas técnicas (para el 20,3% del colectivo) y de los tratamientos médicos, en 16,5% de los casos. Más lejos quedan cuestiones como transporte y desplazamientos (14,2%) o ropa y útiles personales (10,7%).

Para un 19% de los entrevistados, estos sobrecostes asociados a su discapacidad suponen un desembolso anual de más de 100 euros y para un 16,6% de las personas con discapacidad, dicho gasto se establece entre los 100 y los 500 euros.

El gasto monetario directo adicional que las personas con discapacidad deben afrontar para dar adecuada cobertura a las necesidades derivadas de su situación, supone un agravio comparativo económico para un colectivo que se ha visto doblemente afectado por la crisis global en la que el covid-19 ha sumido al mundo. Por todo ello, ahora, más que nuca, precisan de medidas que las sitúen más cerca del final de túnel.

La crisis económica actual derivada de la pandemia, sumada a una inflación anual estimada del IPC en junio de 2022 es del 10,2%, de acuerdo con el indicador adelantado elaborado por el INE. Este indicador proporciona un avance del IPC que, en caso de confirmarse, supondría un aumento de un punto y medio en su tasa anual, ya que en el mes de mayo esta variación fue del 8,7%, y se situaría en su nivel más alto desde abril de 1985.

Las personas con discapacidad tienen niveles educativos significativamente más bajos que el resto de la población de su mismo sexo y edad, y sus tasas de actividad y de empleo son también mucho menores.

En este sentido hay que recordar que el salario bruto anual de las personas con discapacidad es de apenas 20.574,1 euros. Es decir, un 16% inferior al percibido por las personas sin discapacidad. Estas circunstancias combinadas con el alarmante estado de situación en torno al desmedido incremento de los precios sitúa al colectivo en una permanente desprotección.

Pero, además, a lo anteriormente señalado, hay que sumarle los gastos extraordinarios que la discapacidad genera en los hogares y que hacen que su poder adquisitivo sea menor que el del resto de la población.

Solo observando el porcentaje de personas con discapacidad en riesgo de pobreza o exclusión social (33,8%) se comprueba que su situación es ya de 7,4 puntos por encima de los datos de la población general.

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